La Concejalía de Urbanimo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana llevará este jueves, 29 de octubre, al pleno la ordenanza municipal destinada a dar seguridad jurídica a los propietarios de apartamentos y bungalós de uso residencial en la zona turística litoral del municipio. La iniciativa supone un paso para dar respuesta a una reivindicación histórica de los afectados y aclarar una situación que durante décadas ha generado incertidumbre entre numerosas familias.
El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, ha destacado que la presentación de esta ordenanza es el resultado de años de trabajo para encontrar una respuesta municipal a una problemática compleja, marcada por los cambios legislativos y las diferentes interpretaciones sobre el uso residencial en las zonas turísticas. “Han sido años de dificultades, obstáculos y mucho trabajo, pero no hemos renunciado a nuestro compromiso con los vecinos. Llevamos al pleno una respuesta concreta a una reivindicación histórica. Hemos trabajado para que quienes llevan décadas residiendo en sus viviendas puedan conocer y acreditar los derechos que les corresponden”, ha afirmado Marichal.
El responsable municipal ha señalado que la ordenanza parte de una realidad que no puede ignorarse: la convivencia histórica entre el uso residencial y el turístico en diferentes zonas del litoral de San Bartolomé de Tirajana. “Detrás de esta situación hay vecinos que llevan muchos años esperando respuestas. Nuestra responsabilidad es afrontar ese problema y utilizar las herramientas que tenemos desde el Ayuntamiento para aportar soluciones”, ha añadido.
La ordenanza distinguirá las distintas situaciones legales de las viviendas
La nueva regulación municipal tiene como objetivo identificar las diferentes situaciones jurídicas de los usos residenciales existentes en la zona turística litoral y determinar el régimen aplicable a cada uno, conforme a la legislación urbanística y turística.
Para ello, establece diferentes supuestos en función de la antigüedad del uso residencial, su autorización y las disposiciones legales vigentes en cada momento. Las principales referencias son el Plan General de Ordenación Urbana de 1996, la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias de 2013 y la Ley del Suelo de Canarias de 2017.
Davinia Ramírez ha explicado que “esta ordenanza reconoce una realidad: muchos apartamentos y bungalós se utilizan como viviendas desde hace décadas. Ahora establecemos unas reglas claras para determinar qué situación legal corresponde a cada inmueble y cuáles son los derechos de sus propietarios”.
La regulación distingue tres grandes situaciones jurídicas: los usos residenciales conformes al planeamiento, aquellos que se encuentran en situación legal de consolidación y los que están fuera de ordenación, con las condiciones y limitaciones que correspondan en cada supuest. “No todas las viviendas tienen la misma situación jurídica. Por eso es fundamental determinar cuándo comenzó su uso residencial, si contaba con autorización y qué legislación le resulta aplicable. Con esta ordenanza damos claridad a situaciones que hasta ahora han generado muchas dudas entre los propietarios”, ha señalado Ramírez.
Uno de los aspectos relevantes del documento es que los usos residenciales existentes antes de la entrada en vigor del deber de uso turístico establecido en 2013 mantienen el régimen jurídico que les correspondía con anterioridad. Asimismo, la ordenanza contempla las situaciones de consolidación previstas en la legislación del suelo y el tratamiento aplicable a los usos existentes antes del 1 de enero de 2017 cuando se lleve a cabo la futura especialización urbanística
Un certificado municipal para acreditar los derechos de los propietarios
Entre las principales medidas de la ordenanza destaca la posibilidad de que los propietarios soliciten al Ayuntamiento un certificado que identifique la situación jurídica del uso residencial de sus apartamentos o bungalós. Para su emisión, los servicios municipales podrán examinar documentación como escrituras de propiedad, licencias, información registral y catastral, antecedentes administrativos, empadronamientos, contratos o datos de suministros, entre otros medios que permitan acreditar el uso residencial del inmueble.
El certificado permitirá dejar constancia de si ese uso es conforme al planeamiento, se encuentra en situación legal de consolidación o está fuera de ordenación, según las circunstancias acreditadas.
La ordenanza establece un plazo de un mes para la emisión de estas certificaciones desde su solicitud, conforme al procedimiento previsto.
Marichal ha destacado la utilidad de esta medida para los vecinos. “Los propietarios podrán disponer de un documento oficial que acredite cuál es la situación legal del uso residencial de su inmueble. Es una herramienta para conocer y justificar los derechos que les corresponden, después de años de incertidumbre”.
Una respuesta municipal a una realidad consolidada durante décadas
La problemática del uso residencial en la zona turística tiene una especial dimensión social en San Bartolomé de Tirajana. Los antecedentes de la ordenanza recogen que, según los datos citados en el acuerdo plenario de junio de 2024, un total de 17.536 personas estaban empadronadas en diferentes núcleos turísticos del municipio, entre ellos Playa del Inglés, Sonnenland, Campo Internacional, Meloneras, San Agustín, Bahía Feliz y Playa del Águila.
La cifra refleja la importancia de la presencia residencial en la zona turística, aunque no supone que todos estos vecinos se encuentren afectados por los conflictos jurídicos que aborda la regulación.
Davinia Ramírez ha insistido en que la ordenanza permite que el Ayuntamiento dé una respuesta dentro de sus competencias a una situación que afecta a muchas familias. El objetivo es que los vecinos puedan conocer con mayor certeza qué derechos tienen y disponer de un procedimiento para acreditarlos.
Por su parte, Alejandro Marichal destaca que “damos un paso decisivo para que nuestros vecinos puedan dejar atrás años de incertidumbre y mirar al futuro con mayor tranquilidad. Porque defender sus derechos no es solo una promesa, es un compromiso que se demuestra con hechos», ha concluido.
La ordenanza se someterá este jueves al pleno municipal y, para entrar en vigor, deberá completar el procedimiento legal correspondiente, incluida su publicación oficial. La futura especialización urbanística de los usos residenciales y turísticos se abordará mediante el Plan de Modernización de Maspalomas–Costa Canaria o, en su defecto, a través del planeamiento general.
