La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), Maribe Doreste Salamanca, ha reclamado en Radio Sol una solución definitiva para las familias residentes en las zonas turísticas de Canarias y ha advertido de que la aplicación de la normativa continúa generando inseguridad jurídica, multas y procedimientos judiciales.
Doreste cifra en torno a 70.000 las familias afectadas en Canarias y sostiene que el conflicto se mantiene abierto después de años de reivindicaciones. La presidenta de la plataforma asegura que llevan once años defendiendo a los propietarios y considera que las diferentes modificaciones normativas no han conseguido resolver una situación que afecta especialmente a viviendas situadas en complejos turísticos e inmobiliarios.
El principal argumento de la PALT es que la legislación debe diferenciar claramente entre una vivienda residencial, un apartamento turístico, un establecimiento turístico y un complejo inmobiliario. Doreste cuestiona que todos los apartamentos ubicados dentro de un mismo complejo puedan ser considerados automáticamente de uso turístico y reclama que se tenga en cuenta la situación jurídica y el uso residencial que históricamente han tenido muchas de estas propiedades.
“Una ciudad sin ciudadanos no tiene sentido”
Con esta afirmación, Doreste resume la posición de la plataforma, que defiende la convivencia entre residentes y turistas en los municipios del sur de Gran Canaria. La presidenta de la PALT insiste en que la organización no está en contra del turismo, pero sí de un modelo que, a su juicio, pueda terminar expulsando a la población residente de las zonas turísticas.
Críticas a las multas y a los procedimientos
Durante la entrevista, Doreste aseguró que las multas siguen llegando a los propietarios, pese a las declaraciones sobre una posible paralización de estos procedimientos. También señaló que algunos casos han terminado en los tribunales y criticó la interpretación que se está realizando en determinados informes técnicos sobre el uso de apartamentos y bungalows.
La presidenta de la plataforma considera que no puede aplicarse una misma solución a realidades diferentes y reclama que las administraciones aclaren definitivamente qué derechos tienen los propietarios que adquirieron sus viviendas en un contexto en el que coexistían usos residenciales y turísticos.
La ordenanza de San Bartolomé de Tirajana
La situación de San Bartolomé de Tirajana ocupó también una parte importante de la entrevista. Doreste valoró positivamente la iniciativa municipal para elaborar una ordenanza que permita clarificar la situación urbanística de las viviendas existentes en las zonas turísticas.
La representante de los afectados considera que esta herramienta puede contribuir a aportar seguridad jurídica a los residentes y a reconocer una realidad que, según sostiene, lleva décadas formando parte del paisaje urbano y social del municipio.
Doreste defendió que el turismo y la residencia no tienen por qué ser incompatibles y recordó que miles de personas viven de forma permanente en zonas que también constituyen algunos de los principales destinos turísticos de Canarias.
Los propietarios cuestionan el reparto de los gastos
La presidenta de la PALT también rechazó las críticas que sitúan a los residentes como un obstáculo para la explotación turística de los complejos.
Doreste recordó que las comunidades de propietarios afrontan mediante cuotas y derramas el mantenimiento de los elementos comunes y reclamó que las empresas que realizan una explotación turística exclusiva de determinadas instalaciones también contribuyan por el uso que hacen de esas zonas.
En la misma línea, pidió una mayor regulación de actividades como el denominado “day pass”, por el impacto que pueden tener sobre las instalaciones y los espacios comunes de los complejos.
Respaldo a la iniciativa del PSOE
Sobre la reforma de la normativa turística, Doreste mostró su respaldo a la iniciativa legislativa presentada por el PSOE en el Parlamento de Canarias, al considerar que puede abrir una vía para recuperar la seguridad jurídica y establecer una diferenciación más clara entre los distintos usos.
No obstante, dejó claro que la plataforma no condiciona su posición a una determinada formación política. Aseguró que respaldaría cualquier iniciativa que permita resolver el problema y garantizar los derechos de los propietarios.
Doreste reclamó que el debate se afronte desde el consenso y la participación de los diferentes sectores, y rechazó que una cuestión que afecta a miles de familias pueda solucionarse únicamente mediante decisiones unilaterales.
Una tasa turística para financiar vivienda e infraestructuras
La presidenta de la PALT defendió la implantación de una tasa turística finalista, cuyos ingresos se destinen a vivienda e infraestructuras públicas.
A su juicio, el turismo genera una presión sobre determinados servicios e infraestructuras y debe contribuir también a financiar las necesidades que provoca su actividad. Doreste planteó que los recursos obtenidos tengan un destino concreto y sirvan para reforzar las políticas de vivienda y mejorar los servicios públicos en los municipios turísticos.
La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística insistió finalmente en que su reivindicación no pretende frenar el desarrollo turístico de Canarias, sino garantizar que ese desarrollo sea compatible con la permanencia de los residentes.
“Estamos a favor del turismo”, afirmó Doreste, que reclamó a las administraciones una solución que permita poner fin a tantos años de incertidumbre para miles de propietarios y residentes.
https://youtu.be/ocJb8bHIH9U
