Las autoridades de todo el mundo están viéndose superadas por la tragedia humanitaria y económica que ha desencadenado el coronavirus, y en el horizonte la vacunación se perfila como la única herramienta capaz de parar a un virus que destruye vidas y arruina al tejido productivo. Con este escenario, la única buena noticia con la que ha comenzado el nuevo año es que las vacunas, capaces de frenar y parar al COVID-19, están ya distribuyéndose por cada vez más segmentos de la sociedad. A las ya popularmente conocidas Pfizer, Moderna y Oxford, pronto se incorporarán las que superen las pruebas —de los 320 proyectos que están en la fase final—.
De la pésima imagen proyectada en las dos primeras semanas de vacunación pronto pasaremos a vacunaciones masivas, para lograr el objetivo de que antes del verano se haya conseguido la inmunidad comunitaria. Las absurdas reticencias a sumar otros recursos a los medios públicos para vacunar al ritmo que vayan recibiéndose las dosis —privados, militares, etcétera— se irán diluyendo paulatinamente; el pragmatismo hará que también vaya desapareciendo las resistencias de algunos sectores de la población a ser vacunados.
Con la aparición del antídoto estamos en el principio de la batalla que nos liberará de esta maldita pandemia que nos tiene atemorizados, tanto sanitaria como económicamente; pero por delante todavía nos quedan cinco o seis meses, en los que tendremos que convivir con la presencia letal del virus. Cinco o seis meses en los que la COVID-19 seguirá haciendo estragos en la población y en las que muchas empresas no podrán resistir las restricciones que se derivan de la pandemia. En este período que se ha abierto entre el inicio de la vacunación y la inmunidad del rebaño, la pandemia seguirá cobrándose vidas, forzando a muchas empresas que verán amenazada su viabilidad —otras muchas tendrán que cerrar—.
Hasta ahora, la medida más efectiva contra los contagios ha sido la del confinamiento de la población y el cierre de toda la actividad no esencial. Con el confinamiento, sin duda, ganaríamos en la protección de la salud, pero terminaríamos por exterminar a una buena parte de lo que queda del tejido productivo. La cuestión no debe ser escoger entre salud y ruina económica; lo prudente y sensato es encontrar un equilibrio entre la protección de la salud de los ciudadanos y el mantenimiento de la actividad económica para proteger a las empresas y salvar puestos de trabajo y bienestar. Los gobiernos, en las diferentes Administraciones, tienen la responsabilidad de hacer viable ese difícil equilibrio entre salud sanitaria y económica.
Probablemente, los mensajes de las autoridades a la población pierden fuerza por la confusión que genera la dispersión de las medidas que se están tomando en los distintos territorios que conforman el Estado español. En muchas ocasiones, con índices de contagios similares las medidas que se adoptan para facilitar la actividad económica nada tienen que ver en cada una de las diecisiete Comunidades Autónomas ni en las ciudades de Ceuta y Melilla.
Proteger nuestra salud y facilitar la viabilidad de nuestras empresas para salvar empleos y bienestar, esa es la compleja ecuación a las que las medidas que adopten las autoridades tienen que dar respuesta. Lo fácil sería el confinamiento total a costa de terminar por arruinar empresas, empleo y bienestar. O, también, sacrificar la salud de la población a cambio del ejercicio sin restricciones de la actividad económica. En esta ocasión, lo responsable exige medidas muy complejas que hagan viable la salud y la economía, aunque no sean compartidas por los intereses sectoriales.
