El sistema educativo tiene mucho que ver con el concepto de sociedad que se tiene y se pretende establecer. Por eso, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) no es, no puede ser una inocente iniciativa personal del ministro Wert, aislada e independiente del resto de actuaciones y objetivos del gobierno del Partido Popular.
El PP quiere imponer su visión de la sociedad y ha marginado la opinión de la Comunidad Educativa en todo el recorrido de la ley. Es inconcebible que una ley que debe vertebrar el país no cuente con la sociedad para hacerla viable, para garantizar su continuidad y dar estabilidad al sistema educativo.
Por ello, en su rechazo generalizado, la reforma educativa ha conseguido unir a toda la Comunidad Escolar en el objetivo común de detener el desmantelamiento de la educación pública y denunciar una reforma que se opone a criterios de justicia social.
Pero, realmente, ¿qué dice la LOMCE? ¿Por qué se ha armado tanto jaleo? En verdad, tras su aprobación en el Congreso, la ley se debate actualmente en el Senado. Sin embargo, se trata de un texto bastante amplio: en torno a 150 artículos, además de muchas Disposiciones entre las transitorias, adicionales, derogatorias y finales. Pero los puntos básicos de desencuentro y rechazo se podrían resumir, entre otros, en los siguientes:
1.- Privatización. La ley abre la puerta a ceder suelo público para levantar centros privados.
2.- Menos democracia. Las decisiones las tomará el Director del centro. Los Claustros de Profesores y los Consejos Escolares no tienen poder de decisión.
3.- Segregación. Los centros que separan al alumnado por sexo pueden solicitar el concierto educativo, por lo que tienen derecho a recibir dinero público. Se consigue, así, beneficiar a los centros mayoritariamente del Opus, a los que se les negó el concierto con el Estado en 2013. Se trata de una enmienda de adición (la 226), aceptada por el PP en la Cámara Alta.
4.- La Religión pasa a ser una materia evaluable y puntuable en las notas medias para acceder a becas y estará presente en Primaria y Secundaria. Desaparece Educación para la Ciudadanía que es reemplazada por Educación en Valores.
5.- Reválidas. Habrá exámenes externos al final de cada etapa (Primaria, Secundaria y Bachillerato). Además, se realizará un examen más en 3º de ESO para detectar el nivel de los alumnos. Estas reválidas serán imprescindibles para obtener el título de ESO y de Bachillerato y poder seguir estudiando.
6.- Ratios. Aumentan las ratios (el número de alumnos por aula) en un 10% de media.
7.- Itinerarios. Los alumnos empezarán a elegir con 14 años asignaturas que ya les encaminen a la Formación Profesional (FP) o al Bachillerato. Además, junto a la FP Dual aparece un nuevo modelo, de carácter básico, gratuito y obligatorio para alumnos de 15 a 17 años.
De lo anterior y del conjunto de la ley podemos deducir que se pretende establecer un sistema educativo centralizador, clasista e ideológicamente definido. Y como avanzadilla del concepto de educación que se nos impone, el alumnado universitario ya está sufriendo en sus propias carnes el clasismo del nuevo sistema, mediante la aplicación del Real Decreto de Becas y Ayudas al Estudio.
La LOMCE, como ocurrió con la ley de reforma laboral, junto con las leyes ya iniciadas o anunciadas por el Gobierno en diferentes ámbitos (pensiones, aborto, etc.), configuran una estrategia ultraconservadora orientada a recortar los derechos sociales y políticos de la mayoría de los ciudadanos. Nos condenan a la precariedad laboral, a la inseguridad social, a la insuficiencia en la formación y a la limitación de los derechos que atañen a la esfera de nuestra libertad personal.
Algunos especialistas en Derecho del Trabajo, como Adoración Guamán y Héctor Illueca, consideran que desde la introducción del euro, “no es exagerado afirmar que el proceso de construcción europea ha provocado una situación de naturaleza colonial, caracterizada por la hegemonía alemana, plenamente aceptada por los dirigentes políticos de los países periféricos que asumen y reconocen, de esta manera, su incapacidad. …Y el resultado final coincide con una relación de subordinación y dependencia semejante a la de un proceso de colonización clásico: desposesión sistemática de las economías periféricas y la sobreexplotación de sus trabajadores.”
Y continúan diciéndonos que, “en este contexto, con la reforma laboral del Partido Popular se ha dado un paso decisivo en el rápido caminar hacia el subdesarrollo en nuestro país. …Su objetivo es elevar el nivel de beneficio aumentando el nivel de explotación de los trabajadores. Se trata de imponer una violenta devaluación salarial que supone la consolidación de un mercado de trabajo típico de los países subdesarrollados.”
Ante este diseño económico y laboral, la LOMCE encaja perfectamente y tiene mucho sentido. Digamos, además, que la ley reduce el número de asignaturas, sobre todo las humanísticas (Filosofía, Historia, Cultura Clásica, Latín, etc.) y limita la carga lectiva a unos contenidos mínimos, orientando el sistema educativo hacia la preparación de mano de obra barata. Es decir, producir trabajadores con los conocimientos indispensables adecuados para el mercado laboral basura que les espera.
Por otra parte, la reforma educativa no tiene en cuenta las verdaderas necesidades del alumnado. Establece un sistema educativo que se basa, recordemos, en la realización de exámenes continuos (reválidas), convirtiendo la educación en una carrera de obstáculos en la que las condiciones económicas y familiares determinarán, finalmente, el éxito o el fracaso escolar. Y de esta manera, se consigue producir mucha mano de obra no cualificada, como corresponde a una sociedad clasista que descarta la igualdad de oportunidades.
Las múltiples manifestaciones de protesta ponen de relieve que la Comunidad Educativa está unida en la defensa de la educación pública, pero hay que ir más lejos. La sociedad en su conjunto debe rechazar esta reforma de manera contundente. De lo contrario, la transición hacia el subdesarrollo se consolidará y se institucionalizará, convirtiendo a nuestro país en una reserva de mano de obra barata condenada a vender su fuerza de trabajo por salarios de miseria.
Día a día, lenta pero inexorablemente, estamos viendo el desmoronamiento de lo que hasta hace poco llamábamos Estado del Bienestar. Las desigualdades sociales son cada vez más evidentes. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres y las clases medias están en pleno retroceso. La transición hacia una sociedad más injusta e inhumana está en marcha y el tiempo no corre a nuestro favor.
Finalmente, del Manifiesto de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública extraemos lo siguiente: “Una sociedad que permita la destrucción de su potencial humano, renunciando a la mejor educación de tod@s y para tod@s, es una sociedad sin futuro. Una sociedad que haga de la educación una mercancía, que apueste por la privatización de todo lo público, por la pelea entre los ciudadanos para aplicar el “sálvese quien pueda”, es una sociedad enferma que está abocada a un suicidio social colectivo…”
Y del mismo documento concluimos: “…No podemos resignarnos, una educación de calidad es imprescindible para mejorar la sociedad en la que vivimos y para contribuir a la conquista real y a la extensión de los derechos fundamentales sobre los que se asientan todas las sociedades democráticas.”
Como apuntábamos al comienzo, está clarísimo: según el sistema educativo, así será nuestra sociedad. ¿Nos resignamos a los planteamientos educativos del Sr. Wert y a esa “nueva” sociedad que nos propone o existen alternativas?
