Mantener televisiones y radios públicas en casi cada municipio de Canarias es un gasto que, de ser serios y honrados los políticos con el uso del dinero público, deberían haber frenado en seco hace años. Justificar tal ejercicio de despotismo en la casta política sólo es posible porque están convencidos de que les ayudará, de una u otra forma, a ganar elecciones, aun a costa de empobrecer a los ciudadanos sobre cuya “chepa” cabalgan los partidos.
Pero como a la fuerza ahorcan, el Gobierno de Canarias debería tomar muy buena nota de la decisión que ha tomado el Presidente de Valencia: cerrar la televisión pública autonómica, Canal Nou, haciendo lo propio con las numerosas radios y televisiones públicas en el archipiélago, tanto autonómicas como municipales. No debiera Paulino Rivero ir llorando por el maltrato de Madrid cuando malgasta los escasos fondos públicos, recaudados en un país casi en bancarrota, en estos juguetes sectarios e innecesarios. Tal vez vaya a explicarlo a Uruguay o Venezuela cuando hayan elecciones, que para esos paseos sí que habrá dinero.
Alberto Fabra ha justificado el cierre afirmando que “si hay una línea roja en el Gobierno Fabra... es que ante todo necesitalos esos 40 millones de euros... para mantener educación, sanidad y políticas sociales”, ante la irracional postura de sindicatos y tribunales laborales, que han preferido coger el rábano por las hojas de lo políticamente correcto para la izquierda insensata, que buscar una solución que permitiera a la RTVV reducir la plantilla a una dimensión más racional, viable y que pudiera pagarse. Esta es la realidad actual de casi todas las televisiones públicas en España, clamorosamente también la RTVC, por lo que urge tomar medidas drásticas. Para la Fiscalía Anticorrupción, a mi me bastaría con que fuera fiscalía, y para otra discusión quedaría el buscar a los responsables y los beneficiarios de tal desmadre. Los de ayer, cuando se crearon estos “entes” ruinosos, los de hoy que los mantienen vivos.
Tras la cura de realidad que ha dado Alberto Fabra al abrir esa caja de Pandora, parece que Cospedal vuelve a tener prisa por cumplir su promesa electoral de privatizar la televisión pública de Castilla-La Mancha. Al mismo tiempo, Ignacio González advierte que Telemadrid está abocada al cierre si los sindicatos la hacen “inviable”. Asombra la alegría de los piquetes de CCOO, UGT, CGT e Intersindical por haber conseguido que el Tribunal Supremo tumbara el ERE propuesto por la Generalidad Valenciana, frente a la desolación que ya hoy sentirán los trabajadores y profesionales que ahora irán al paro y muchos de ellos con una casi imposible recolocación fuera de la mamandurria pública por su escasa cualificación técnica real. De aquellos abusos políticos y sindicales, estos paros.
Una victoria pírrica, todo un éxito sindical a la vez que otro ejemplo de lo que ya se venía advirtiendo sobre cómo los tribunales laborales harían imposible la aplicación de la reforma laboral. Es una vía indirecta para que la izquierda intolerante logre otra victoria, aunque sea violentando de hecho las leyes democráticamente aprobadas en el Parlamento.
Cabría preguntarse por qué los sindicalistas, en vez de movilizaciones para que paguemos a escote sus prebendas, no montan una cooperativa o SAL que se autofinancie compitiendo en el mercado como cualquier otra televisión privada. Pero claro, para eso habría que trabajar cada día y ¡hasta fichar!, cosa insana e incompatible con la condición de liberado. Y para ellos, si no les llevan el sueldo a Las Canteras, es que son unos redomados “fascistas” (sic).
