Hace pocos días -esta misma semana- alguien me preguntó cuándo comenzaba la rehabilitación turística en uno de los municipios de nuestras Islas. Quien se mostró interesado por los pasos que estamos dando para modernizar y hacer más competitiva nuestra planta alojativa y nuestros espacios turísticos no era un empresario del sector. Tampoco cargo público del Gobierno o de cualquier otra Administración. No trabajaba en ninguna entidad financiera, y tampoco era un jurista más o menos especializado en ese terreno. Quien se me acercó, cuando me encontraba almorzando con unos conocidos, fue una madre tremendamente preocupada porque varios miembros de su familia, que han trabajado siempre en la construcción, no terminan de recuperar sus oportunidades en el mercado laboral.
Su esperanza, la de esta madre y la de decenas de miles de canarios, es que comiencen cuanto antes las obras de renovación de los hoteles para que quienes tienen dificultades para encontrar un puesto de trabajo puedan volver a la normalidad –al derecho fundamental- de contar con un empleo, de tener un trabajo que les permita recuperar la senda de las oportunidades y de la realización personal; por eso y no por otra cosa debe ser la cuestión central cuando se habla de recuperación económica o, como tanto ha insistido Rajoy días atrás, cuando se alude a un cambio de tendencia.
Es posible que esa madre no tenga conocimientos de macroeconomía, de aprovechamientos urbanísticos o de ordenaciones territoriales, pero ve en la rehabilitación una oportunidad de trabajo para los suyos. Hay decenas de miles de personas que se encuentran en la misma situación y que, sin conocer en profundidad los entresijos políticos, administrativos o jurídicos de la ley aprobada por el Parlamento de Canarias, esperan que el sector de la construcción empiece a moverse.
Ése fue uno de los objetivos del Gobierno de Canarias al promover la Ley de Renovación y Modernización Turística, que en mayo cumplirá un año. En este tiempo hemos avanzado mucho y hoy por hoy hay firmados 222 convenios para proyectos de rehabilitación.
Tenemos en marcha 19 planes de mejora y modernización turística, aprobados o en distintas fases de elaboración. De los 19 planes, 6 están aprobados y en vigor; 6 se aprobarán este año, y otros 7 están en diferentes fases de tramitación y concertación. Ya hay 12 actuaciones de renovación terminadas, 37 más con licencia para materializar el proyecto y esas 222 que comenté anteriormente están incorporadas a los planes o en proceso de concertación.
Tan importante como todo esto es que el Gobierno de Canarias ha conseguido que las entidades financieras españolas abran líneas de crédito específicas por más de 1.800 millones de euros.
La renovación y modernización del sector turístico canario no tiene marcha atrás. No lo tiene porque la rehabilitación es una apuesta estratégica e irrenunciable de la sociedad canaria para mejorar la competitividad de nuestra economía, creando empleo en el sector de la construcción y preservando nuestro bien más preciado, el territorio.
Ése es nuestro objetivo y compromiso. Ésa nuestra apuesta por un modelo que se resume en la fórmula más empleo, menos cemento.
No hay marcha atrás porque la recuperación económica de las Islas no tiene marcha atrás. Seguiremos avanzando a pesar del recurso presentado por el Gobierno del Estado en contra de la ley.
Vamos a adoptar todas las medidas que sean necesarias para evitar que se produzca una situación de inseguridad jurídica y, especialmente, para garantizar un proceso renovador que tan buenos resultados está dando en el desarrollo económico del Archipiélago y en la creación de empleo.
El Gobierno de Canarias hará todo lo posible para dar continuidad a esta política y, especialmente, para no defraudar las expectativas de miles de canarios que ven en la rehabilitación una oportunidad de trabajo y de progreso económico en todas las islas, sin excepción.
Solo en mayo, cuando se cumpla un año de vigencia de la norma, se evaluarán los resultados y se podrán estudiar eventuales modificaciones.
Estamos convencidos de que la Ley de Renovación y Modernización Turística no vulnera los preceptos de la Directiva europea de Liberalización de Servicios -tal y como aduce el Estado- y de que es una norma fundamental para las generaciones actuales y futuras, para la creación de empleo y para la competitividad de nuestra economía.
