Ahora que se están discutiendo los presupuestos de Canarias en el Parlamento y es cuando se dotan de partidas económicas a las instituciones académicas de todo tipo, sería el momento oportuno de plantear el problema básico de cómo y qué se investiga, se desarrolla y se innova en Canarias. Antes de seguir poniendo parches o prorrogando situaciones artificiales, sería preciso y urgente analizar a fondo el funcionamiento de la red de centros que ya existen, los fines que se persiguen a la hora de gastar tantísimos millones de euros y qué resultados reales se han obtenido con tal esfuerzo económico, no del Gobierno sino de los contribuyentes.
No haber asumido esta tarea en tiempo y forma, apoyándose en criterios científicos serios y no en bonitas proclamas vagas para los discursos políticos demagógicos, pero sin contenido real alguno, es la raíz principal del conflicto abierto hoy con el Instituto Tecnológico de Canarias, ITC, ayer con el cierre del Instituto Canario de Ciencias del Mar, antes de ayer con las denuncias de ninguneo y persecución del Banco Español de Algas que dirigía en fallecido catedrático Guillermo García Blairsy, y otros más. Todos ellos centros creados para generar resultados tangibles de innovación, no sólo en la investigación, función esta redundante con la propia de las universidades y causante de fuertes deseconomías de escala y oportunidad.
Si se mira con atención el entramado de instituciones y empresas públicas que dicen dedicarse a la investigación, poco al desarrollo de nuevas ideas y casi nada a la innovación, no deja de sorprender la cantidad de las existentes. En muchas de ellas sólo cambia el apellido, porque el nombre de la actividad es el mismo. Por ejemplo en el sector eólico y tan sólo en las S.A. donde el ITC participa directamente en su capital, están Mega Turbinas de Arinaga, Parques Eólicos La Gaviota, Desarrollos Eólicos de Canarias, Gerona del Viento El Hierro, Parque Eólico Santa Lucía y el Instituto Tecnológico de Energías Renovables.
En casi todas ellas, el capital social está suscrito y probablemente desembolsado por otras instituciones públicas. Si a la lista se añadieran aquellas que ayuntamientos o cabildos han creado al margen del ITC, la lista crecería exorbitadamente y con ella el derroche y el enchufismo de los militantes del partido que las crea. La ineficacia y la irresponsabilidad están así servidas. Los directivos de esas empresas, con frecuencia excesivamente bien pagados, no tienen objetivos concretos que cumplir ni necesidad de responder ante accionistas que se están jugando su propio dinero. Los empresarios están ausentes de los consejos de administración, formados unicamente por políticos no necesariamente expertos en el área de actuación de la empresa que, visto lo visto, han hecho suya la celebérrima frase de la exministra de cultura Cármen Calvo: “el dinero público no es de nadie”. Lo malo es que cuando realmente interiorizan el discurso, el caso debiera pasar a ser competencia del fiscal anticorrupción, previo desaforamiento político al desaforo económico.
El problema de fondo que la Consejería plantea en el conflicto del ITC, consciente o inconscientemente, no es otro que la necesidad de desbrozar el inmenso e improductivo bosque de intereses cruzados y de subvenciones desperdiciadas. El planteamiento correcto del problema, a mi modo de entender, no es ver cómo se salvan unos puestos de trabajo sino cómo se hace para que Canarias se beneficie del esfuerzo económico que se hace en I+D y qué resultados ofrece la tercera +I, la innovación, no sólo aplicada en ruinosos sectores deficitarios que necesitan ser fuertemente subvencionados para seguir subsistiendo.
