En el momento presente de la globalización neoliberal el sentir cívico mayoritario que caracteriza a la ciudadanía mundial es el de escándalo moral. Pues, desde el estallido de la gran crisis, por las prácticas impuestas para su solución desde las cúpulas de poder, se extienden la precariedad y la exclusión socioeconómicas y se desmantelan los mecanismos asistenciales de los Estados, mientras que las clases altas aumentan sus poderes y beneficios, aparentemente, con toda impunidad y sin remedio.
A mediados de la década de 1970, el filósofo Michael Foucault, en su obra “Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión.”, ya desentrañaba los procedimientos por los que las élites de poder promocionan sus privilegios: tras la oposición formal entre legalidad e ilegalidad que caracteriza a lo jurídico, lo que subyace es la distinción entre los ilegalismos y las delincuencias. La penalidad administra los ilegalismos de manera asimétrica. Son los ilegalismos populares los que se visualizan y llevan a la prisión, mientras que lo que se quiere tolerar, los tráficos de armas y de drogas mayores, las evasiones de impuestos y los demás grandes crímenes económicos, permanece en la sombra y sin disciplinar. “La penalidad sería entonces una manera de administrar los ilegalismos, de trazar límites de tolerancia, de dar cierto campo de libertad a algunos, y hacer presión sobre otros, de excluir a una parte y hacer útil a otra (…).” “La delincuencia, ilegalismo sometido, es un agente para el ilegalismo de los grupos dominantes.”.
Décadas antes del trabajo de Foucault, en su trabajo “La delincuencia de las grandes empresas.”, el criminólogo estadounidense Edwin Sutherland había demostrado, estudiando a los grandes empresarios, que el delito no se relaciona, sobretodo, con las patologías personales o las sociales -que son las características en los perfiles carcelarios típicos-, pues “Normalmente los hombres de negocios no son pobres, no son débiles mentales, no les faltan facilidades recreativas organizadas y no sufren de las otras patologías sociales y personales”. Es en ese distinguido estrato social donde, sin embargo, prosperan los delincuentes “de cuello blanco”: las personas de clase socio-económica superior que, mediante procesos aprendidos, violan las leyes en el curso de su ocupación profesional. Estas violaciones de las leyes son tan asiduas en las grandes empresas que ponen de manifiesto que “Al Gran Capital no le gusta la competición y realiza cuidadosas operaciones para reducirla e incluso eliminarla.”.
Por todo este estado de cosas, el investigador social Juan S. Pegoraro ha propuesto ampliar el alcance de lo que se entiende como Delito Económico Organizado “(…) a la organización delictiva dedicada a negocios legales-ilegales de una cierta complejidad política-jurídica con la necesaria participación de instituciones y/o funcionarios estatales, que producen una recompensa económica importante y que gozan de impunidad e inmunidad social-penal.”. Dos ejemplos de esa delincuencia interesadamente disimulada son la estatización de las ingentes deudas contraídas por empresas privadas, socializando las consecuencias de la defraudación a toda la ciudadanía; y la transferencia de ingresos a los sectores ricos, mientras los estratos asalariados se empobrecen. Según este modo de moralidad democrática, dado el alcance del daño ocasionado al conjunto social, gran parte de los que actualmente mandan en las Administraciones públicas y en las instituciones privadas deberían estar, con sus cómplices subalternos, en la cárcel. Por mucho tiempo y desposeídos de sus propiedades y capitales, como los demás mafiosos condenados.
