No merece la pena distraer la atención con más reiterados comentarios sobre el bochornoso espectáculo de la primera sesión de la XI Legislatura. Hay que acostumbrarse a los modos de “gamberrada” que se han propuesto instaurar los inventores de la nueva democracia y los secesionistas, estos para erosionar gravemente las instituciones españolas.
La preocupación debe dirigirse hacia la gobernabilidad de la nación. Cómo y cuándo vamos a tener un gobierno, razonablemente estable, que se ocupe de los problemas reales de los españoles. Empezando por el empleo, la lucha contra la pobreza y la unidad de España en beneficio de la solidaridad.
La maquinaria constitucional acaba de ponerse en marcha, no sin incidentes antes inimaginables. El Rey ya tiene un ajustado calendario para recibir a los representantes de los quince grupos parlamentarios y determinar los respectivos apoyos necesarios para optar a presidir el Gobierno. Si el candidato no obtuviese los votos suficientes en primera y segunda votación, el Rey realizaría una segunda ronda de consultas para proponer un nombre y, en el caso de que transcurridos desde la primera votación, no se hubiese investido a ningún candidato, el Rey tendría que disolver las Cortes, convocando elecciones generales.
Hasta ahora este laborioso proceso estaba muy simplificado porque el resultado de las urnas adelantaba la respuesta adecuada, aunque posteriormente fuesen necesarios pactos para asegurar la gobernabilidad. Nada que ver con la situación actual. De la eficaz alternancia de populares y socialistas, nos encontramos ahora con una plétora de partidos que son difíciles de clasificar. No vale el simplismo de izquierdas y derechas, al primar otros criterios como constitucionalistas o no, antisistemas, populistas, reformistas, bolivarianos, secesionistas y hasta anarquistas. Con unas líneas distintivas ambiguas y el denominador común de que si quieren alguna parcela de poder tienen que recurrir a alianzas y pactos, siempre muy frágiles.
Desde una posición reformista, de sentido común avalado por la experiencia de los mejores, la respuesta a la gobernabilidad en las actuales circunstancias, debiera proceder de la llamada “Gran Coalición” (GC) del PP, PSOE y Cs. La opinión pública, los grupos económicos y sociales, se están pronunciando por tal opción, se podría decir que casi es un clamor nacional. Los rechazos más contundentes proceden de sectores radicales del PSOE y específicamente de Pedro Sánchez. Su “nunca jamás” raya con la estupidez, al mismo tiempo que se acompaña de actuaciones cercanas al desacato, como la crítica al Rey, o la traición al ayudar a los golpistas. Su zafiedad política es manifiesta, es un irresponsable. Algunos analistas sugieren la posibilidad de un paso atrás, tanto de Rajoy como de Sánchez, que facilitaría un pacto de mínimos. Los actos de responsabilidad de estado aquí raramente suceden.
Frente a la GC, la fórmula de Sánchez junto a Podemos, es la bautizada como “macedonia”, un tutti frutti con todos los saltimbanquis parlamentarios en un ejercicio de poder asambleario capaz de arrasar el bienestar y el orden civil.
Con estos escenarios, con un Gobierno en funciones, inane, acorralado por la oposición y los secesionistas, la llamada a unas elecciones generales, en abril o mayo, parece como alternativa probable, a menos que en Cataluña se produzcan hechos que requieran una intervención constitucional de gran alcance.
Todo es posible.
