La alianza de conveniencia mutua entre Pedro Sánchez y los partidos independentistas de Cataluña y Euskadi, a partir de la moción de censura a Rajoy, en junio de 2018, abrió una nueva etapa política en España. Desde entonces, el presidente ha sostenido su gobierno y catalanes y vascos han afianzado y ensanchado sus privilegios. Más competencias, más inversiones, mejor financiación y más influencia en la política española.
Sin duda, también resulta evidente que, después de un largo periodo de alto voltaje en las relaciones con los gobiernos de Cataluña (2013-2018), con la amenaza de ruptura como telón de fondo, la gestión política de Sánchez, con los apoyos referidos, ha favorecido una clara distensión entre Madrid y Cataluña. Es algo que casi nadie discute, pero sí el alto precio que España paga por ello.
Los errores del Partido Popular y la amenaza que representaba el crecimiento de Vox han favorecido, desde un primer momento, que se haya nucleado en torno a Sánchez una mayoría parlamentaria en la que el peso de los independentistas vascos y catalanes viene resultando determinante.
La pérdida de influencia de las distintas federaciones territoriales del PSOE, salvo el PSC, y los intereses políticos de los vascos facilitan que asuntos que afectan al interés general de todos los españoles se resuelvan en la mesa constituida por La Moncloa y los independentistas catalanes, con la complicidad interesada del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Amnistía, inversiones, presupuestos, competencias o financiación… Da lo mismo el asunto que sea. La premisa es que cualquiera de ellos pase primeramente por el
estrecho filtro que fijan Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Más tarde, una vez acordado con los catalanes, es cuando se informa al resto.
La financiación autonómica es el último de los grandes asuntos que está sobre la mesa, afectando de una manera muy directa a todas las comunidades autónomas, a
todos los que viven en cualquier parte del Estado español. Se trata de una pieza clave para el desarrollo de los servicios públicos. El sostenimiento de la sanidad, la educación o las políticas sociales, con su adecuación a los incrementos poblacionales o al envejecimiento, junto a indicadores como la dispersión, la comunidad escolar o la insularidad, tienen mucho que ver con los recursos inyectados al sistema.
Es de justicia que, con los elementos correctores necesarios, algunos de ellos mencionados anteriormente, cada uno de los 49 millones de ciudadanos reciba la
misma cantidad para el sostenimiento de los servicios esenciales que se le prestan. Todavía no se conocen en profundidad todos los detalles que contiene el nuevo
sistema pactado originalmente por Sánchez con Junqueras, para que, días después, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo presentara a los consejeros
autonómicos del ramo. Sin embargo, ni la letra ni la música parecen haber gustado a nadie, excepto a los catalanes.
Ya de por sí, la metodología empleada para alcanzar un acuerdo sobre un asunto que nos afecta a todos parece resultar inadecuada. El ocultismo y la falta de transparencia seguida en la negociación con Junqueras -y seguro que con Illa- y la presentación exitosa reservada al líder de Esquerra no barruntan nada bueno para los demás. La misma proporción de éxito con la que celebran los catalanes el pacto alcanzado con La Moncloa es de fracaso para las comunidades peor financiadas. El dinero a repartir es uno y si los primeros se muestran tan contentos, seguro que los otros no lo están tanto.
En nuestras Islas, una adecuada financiación resulta clave para sustentar los servicios públicos y la calidad de vida de los canarios durante la próxima década. Esto va más allá de una determinada inversión. De ahí que en la batalla por exigir una financiación justa para el Archipiélago deban involucrarse todas las instituciones, empresarios y sindicatos. Todos a una tenemos que respaldar al Gobierno de Canarias.
