Con el debido respeto que le tengo al socialista Jerónimo Saavedra, exministro y expresidente del Gobierno de Canarias, no puedo menos que discrepar abiertamente de algunas cosas que dice, otras ponerlas en cuarentena y algunas afirmaciones aceptarlas a pie juntillas, en la entrevista publicada el domingo 17 en el Diario de Avisos.
Saavedra en la entrevista se muestra sorprendido de que se hable de la amnistía “con tanta precipitación”, pues, recuerda que, en todo caso, todavía es un proyecto del que solo se conoce el nombre, y le llama la atención que se hagan interpretaciones sin que exista, sin que se sepan sus términos ni su contenido. Convendría recordarle que sobre el concepto y el alcance de una amnistía, se lleva mucho tiempo escribiendo libros y tesis en las Facultades de Derecho, es decir hablando y opinando en las cátedras de Derecho Constitucional.
Por lo tanto, que los que más saben, pongan la venda antes de recibir la pedrada y adviertan de cuales pueden ser los límites legales y racionales, no es una precipitación sino una advertencia muy pertinente tras el órdago del “Payés Errante” al parecer también aceptado por Yolanda Díaz, nada menos que vicepresidenta no sé cuantos del Gobierno que aspira a repetir mandato, por cierto posiblemente sin Podemos. Como es habitual entre los políticos, acostumbrados a lanzar filtraciones para ir anestesiando a la opinión pública frente a sus futuras barrabasadas, circulan algunos borradores de esa posible Ley de Amnistía, es decir de olvido de los delitos cometidos por los participantes en el Procés de marras, enjuiciados no por sus opiniones sino por sus acciones delictivas. Sin darle a estas filtraciones o bulos carta de naturaleza, creo que es un más que recomendable ejercicio de pedagogía política y constitucional, que se comenten esos articulados, para que un dummy como yo pueda aprender, y para un estudiante o profesional del Derecho, sirva como ejercicio de crítica de un supuesto jurídico y político.
Me tiene altamente sorprendido la facilidad con la que algunos de esos supuestos sabios del constitucionalismo han cambiado de opinión en el plazo de un mes. Los alumnos de catedráticas como Carmen Calvo, la exministra nacida en Cabra, defendía con la vehemencia que le caracteriza hace unos meses que la amnistía era “evidente y obviamente” anticonstitucional, pero que tras oír lo del “alivio penal” del Dr. Sánchez, ahora opina justo lo contrario. Ante una pregunta de examen sobre esta materia, ¿que deberían contestar sus alumnos, lo que decía antes o lo que opina ahora su examinadora y calificadora?
Afirma también Jerónimo Saavedra en esa entrevista: “Yo no tengo ninguna duda de que el poder legislativo puede sacar adelante una ley como esa. Una ley puede hacer que un delito deje de serlo. Y la ley está por encima de los jueces. Esto es así. Se suele olvidar que hay una división de poderes en la democracia. Pero debe hacerse con mucho cuidado, con mucha precisión”. Sobre este razonamiento redondo, cabe a mi entender, hacer varias consideraciones. La primera es que siendo cierto que el poder legislativo, es decir la mayoría parlamentaria (el Frankenstein en este caso), puede sacar adelante cualquier cosa que se le ocurra, no es menos cierto que el Tribunal Constitucional puede dejarla sin efecto. Segundo, no todo es votable ni aprobable en un Estado Democrático de Derecho en el que rija el Imperio de la Ley, es preciso ser respetuoso con el ordenamiento constitucional. Si, como dice Saavedra, la ley está por encima de los jueces, también está la Constitución y la jerarquización de las leyes por encima de los parlamentarios. Conviene recordarlo ante la práctica creciente de utilizar trampas y atajos para aprobar lo que les apetezca en sus Reales Decretos.
Por último, Saavedra afirma que si Feijó fracasa y el Dr. Sánchez triunfa en su investidura anunciando una Ley de Amnistía, “estaría en su derecho” y entonces, sólo entonces, podríamos opinar del articulado. Eso sería correcto si ahora se estuviera discutiendo sobre el contenido de la ley y no sobre una cuestión de principios, que a mi entender, es el caso, el tiempo y la forma. Y, sin duda la aritmética parlamentaria podría consumar ese derecho del Dr. Sánchez, sería algo totalmente legal, pero a mi entender, no sería legítimo en el sentido que este término es definido en el DRAE: “legítimo es cuando algo está de acuerdo con la razón o con lo que se considera justo o sensato”.
Y una cosa es lo que opinen las cúpulas de los partidos, pues los diputados están sometidos a la disciplina de voto para salir en la próxima foto y su opinión no es relevante, y otra cosa bien distinta podría ser lo que de este asunto opine el pueblo español, al que no se le consulta esta trascendental cuestión. Porque supongo que gran parte de los ciudadanos no vería con buenos ojos que en aras de ese cacareado “diálogo”, léase rendición preventiva, los delincuentes se vayan de rositas, no ya con un indulto sino con una amnistía. Y todo esto suponiendo que esta ley sólo afecte al Proces de marras y no a los crímenes de ETA, porque entonces la cosa sería de traca, aunque no lo vean así algunas de sus volubles señorías y cargas públicas.
