En estas fechas hemos asistido a una amplia, profusa y en ocasiones contradictorias posiciones sobre la futura regulación de la Vivienda Vacacional en nuestro territorio, sobre todo a raíz del Proyecto de Ley que durante estas últimas semanas se ha estado tramitando en el Parlamento de Canarias, pensado inicialmente para una reforma puntual de la Ley de Renovación, para adaptarla a un concreto pronunciamiento del Tribunal Supremo y que a la postre está sirviendo para hacer una amplia reforma de la Vivienda Vacacional como actividad turística.
La posición de este Presidente y de su Junta Directiva sobre la actividad de Vivienda Vacacional, se ha mantenido inalterable, a pesar de los embates sufridos desde diversos ámbitos de opinión.
En tal sentido, la posición manifestada en representación de la Asociación, es clara: la vivienda vacacional debe tener la oportunidad de convivir con nuestra oferta alojativa tradicional, siempre que esté sujeta a las mismas condiciones que se exige a nuestras empresas (fiscalidad; costes laborales; seguridad, etc.), pero siempre bajo el respeto además del Principio de Unidad de Explotación, entendiendo que donde ya exista una empresa que gestione un complejo no puede tener cabida otra explotación turística extrahotelera (y la vivienda Vacacional es tipología extrahotelera), aparte otras consideraciones de tipo legal que abundan en ello.
Que no le confundan. Cualquier actividad turística de alojamiento ejercida en un establecimiento turístico, donde exista principio de unidad de explotación, es ilegal. De esta forma, un propietario que hubiera consolidado el uso residencial de su unidad alojativa, simplemente NO PUEDE DEDICARLA AL ALQUILER VACACIONAL, en contra de lo que considera la PALT (Plataforma de Afectados por la Ley Turística) en sus manifestaciones, porque estaría incumpliendo la vigente Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y lapropia Ley de Renovación y Modernización Turística.
Y sentado lo anterior, lo que criticamos es la forma en que se está tratando de llevar a cabo la reforma de la vivienda vacacional, soterradamente, a través de un Proyecto de Ley del Parlamento de Canarias, porque no se ha contado con la opinión de nuestro sector y sobre todo porque afecta de forma amplia a la propia Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, sin buscar un mínimo consenso.
