La portavoz de la Asociación Alianza por la Reclasificación Administrativa Jazmina Mejías Fleitas, ha denunciado que miles de trabajadores del Servicio Canario de Salud desempeñan funciones de una categoría superior sin el correspondiente reconocimiento profesional y económico. El colectivo estudia endurecer sus movilizaciones a partir de enero si la Consejería de Sanidad no abre una negociación.
Majías manifesto, durante una entrevista en Radio Sol, la falta de reconocimiento profesional y económico a 4.500 auxiliares administrativos del Servicio Canario de Salud (SCS) encuadrados en el grupo C2, pese a que, según sostiene, llevan décadas realizando funciones correspondientes al grupo C1.
“Nosotros no pedimos más. Solo queremos que nos pongan en el grupo de las funciones que estamos realizando”, afirmó Mejías.
La representante explicó que los auxiliares administrativos desarrollan tareas fundamentales para el funcionamiento de los centros sanitarios, desde la organización de agendas médicas y pruebas diagnósticas hasta la tramitación de contrataciones, nóminas y suministros.
Según señaló, estas responsabilidades exceden las funciones que corresponden a su actual clasificación profesional.
«Somos una categoría invisible»
Mejías aseguró que el personal administrativo constituye una pieza esencial del sistema sanitario público y advirtió de las consecuencias que tendría una paralización de su actividad.
“Nosotros podemos paralizar el Servicio Canario de la Salud al completo. Si no llenamos la agenda de un médico, el médico puede sentarse en su consulta, pero no le va a llegar un paciente”, explicó.
La portavoz insistió en que existen servicios con ocho o nueve auxiliares administrativos sin ningún trabajador de la categoría de administrativo, pese a que se realizan tareas propias de esta última.
A su juicio, esta situación demuestra la necesidad de revisar la clasificación profesional de los trabajadores y adecuarla a las responsabilidades que realmente desempeñan.
Movilizaciones desde junio y ausencia de respuesta
La asociación mantiene concentraciones todos los miércoles a las puertas de los centros sanitarios de Canarias desde el pasado mes de junio.
Estas movilizaciones, identificadas con un lazo azul, pretenden visibilizar las reivindicaciones del colectivo entre los trabajadores y los usuarios del sistema sanitario.
Mejías denunció que, pese a los escritos remitidos a la Consejería de Sanidad, la asociación no ha recibido una respuesta directa.
“No nos ha devuelto ni un correo electrónico a la asociación”, afirmó.
La portavoz explicó que el colectivo ha mantenido reuniones con representantes de distintos partidos políticos y organizaciones sindicales, entre ellas Comisiones Obreras, UGT e Intersindical, con el objetivo de recabar apoyos para sus demandas.
Reclaman un complemento económico mientras llega la reclasificación
Entre las propuestas planteadas por la asociación figura la creación de un complemento personal transitorio que permita compensar económicamente a los trabajadores hasta que se resuelva su reclasificación profesional.
Mejías indicó que Comisiones Obreras tiene previsto presentar enmiendas al proyecto de Presupuestos de Canarias para 2027 con el objetivo de incorporar esta medida.
También expresó su preocupación por las consecuencias del anteproyecto del nuevo Estatuto Marco, ya que considera que la reorganización de los grupos profesionales podría generar nuevas diferencias entre trabajadores que realizan las mismas funciones.
La huelga, como última alternativa
La portavoz aseguró que la asociación pretende agotar las posibilidades de diálogo antes de recurrir a medidas de presión más contundentes.
No obstante, reconoció que ya han estudiado distintas modalidades de huelga y que prevén intensificar las movilizaciones a comienzos de 2027.
“Lo más duro que nos queda es la huelga, pero hemos decidido dejarla para el último momento, cuando fallen las negociaciones”, señaló.
Mejías recordó que una parte importante de la plantilla se encuentra próxima a la jubilación y considera que la falta de reconocimiento profesional podría tener consecuencias económicas para estos trabajadores.
Asimismo, explicó que algunos empleados ya han recurrido a la vía contencioso-administrativa para reclamar sus derechos.
La portavoz insistió en que el objetivo del colectivo no es perjudicar a los pacientes, sino alcanzar una solución negociada que reconozca el trabajo que desempeñan.
“Para nosotros lo primero es el paciente. Por eso llevamos décadas realizando estas funciones sin negarnos a hacerlas”, concluyó.
https://youtu.be/n_Vvt5ltidA