Si algo debiera prevalecer en una sociedad moderna y democrática, es la seguridad jurídica que permita al ciudadano estar seguro de que una partida de políticos iluminados no cambiarán las reglas de juego en medio de la partida. Para muchos políticos no comunistas, este principio es el que justifica la democracia, que como muy bien recuerda Friedrich A. Hayek en su “Camino de servidumbre” tiene su base en el respeto a las libertades y derechos individuales, no en los colectivismos de todo género, dicho en todos los sentidos.
Y tan importante como lo anterior es que la justicia funcione con la celeridad conveniente para que los que sean o se sientan perjudicados en sus legítimos derechos, no tengan que esperar y sufrir un vía crucis en el camino al Gólgota de los tribunales o las componendas y pasteleos varios de los libros de derecho. Justicia tardía no es justicia, reza un aforismo, que unido a las maldiciones gitanas de “entre abogados te veas” o “pleitos tengas y los ganes”, ponen de manifiesto el estado de nuestra justicia, secuestrado desde tiempo inmemorial por el derecho.
Consideraba hace unos días en Tenerife el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, que faltan medios y juzgados. Al oírlo me parecía estar escuchando a un sindicalista al uso exigiendo más ordenadores, más personal y si sobrara algo de dinero despilfarrarlo en más edificios faraónicos y sus correspondientes proyectos arquitectónicos. Es muy raro escuchar lo que, a mi entender sería una obviedad en el mundo no funcionarial, que si una cosa no funciona, hay que analizar seriamente si el procedimiento o los protocolos son adecuados. Informatizar no es escribir con ordenador, como un lápiz no hace una novela.
En estas tareas administrativas suele regir la ley de los rendimientos decrecientes, aquello de que si un trabajo lo realiza una persona en seis días, dos lo harían en tres, pero cuatro tardarían dos semanas y ganarían un liberado sindical. Y si hablamos de los trámites en los palacios de justicia, años. No se trata pues de más juzgados, más empleados y más gasto, sino de cambiar los procedimientos para adecuarlos si no ya al siglo XXI, al menos al XX. La sensación de entrar en un túnel sin luz al final, resulta incomprensible e injustificable para el justiciable y para el contribuyente, que ve crecer la desconfianza y disminuir su cuenta corriente.
Por poner un ejemplo de inseguridad jurídica, no sé si menor pero desde luego innecesario y fácilmente subsanable si hubiera voluntad de aclararlo, se está produciendo en algunos restaurantes que pretenden materializar la campaña turística que lanzó y después paralizó el Patronato de Turismo de Gran Canaria, “Pets Welcome”, bienvenidas mascotas, permitiendo a los perros entrar en los comedores con sus dueños. Algunos incluso, ofrecerles comidita.
Siguiendo lo que es normal en otras ciudades y destinos turísticos mundiales, hay restaurantes que permiten llevar mascotas a sus comedores, al igual que otros locales sólo permiten personas adultas, en uso legítimo de su libertad. Las normas sanitarias ordenan “evitar que los animales domésticos puedan acceder a los lugares en que se preparan, manipulan o almacenan productos alimenticios”, pero como esa redacción es tan vaga ha de ser interpretada para saber si se cumple o no. La mayoría de los inspectores entienden que los comedores están exentos de esa restricción, pero hay otros que consideran que también afecta a los comedores. Las cosas así, el restaurador se encuentra a la merced no de la ley como sería lógico en un estado de derecho para fijar como administrar su propio negocio, sino de la arbitrariedad de criterio del inspector que le toque en suerte. Y es bien sabido que la tentación puede conducir al pecado, a los excesos y a las venganzas o frustraciones personales.
