Hospitales Universitarios San Roque ha presentado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta a 158 trabajadores y trabajadoras (un 19,4%) del total de 813 que suma la plantilla de todos sus centros de trabajo, no afectando a servicios sanitarios. La práctica totalidad del personal afectado corresponde al ámbito administrativo. La situación conlleva una reorganización de los servicios que presta la entidad sanitaria privada.
El análisis económico que justifica la decisión en cada uno de los centros contabiliza caídas de la demanda de entre un 60 y un 97% (en función de áreas sanitarias y servicios) derivada de las restricciones de movilidad impuestas por el Gobierno en el Decreto de Estado de Alarma para favorecer el distanciamiento social. Además de las restricciones de movilidad, la población limita cualquier desplazamiento a los centros hospitalarios que no sea estrictamente urgencia vital para evitar exponerse al posible contagio.
A la importante caída de la demanda de servicios, en apenas una semana de decretarse el Estado de Alarma, se suman las previsiones de la entidad de incrementarse el descenso hasta el 100% en la mayor parte de los servicios en las próximas semanas, toda vez que además el Gobierno ha anunciado la intención de extender otros 15 días la situación de cuarentena.
En el caso de Hospitales Universitarios San Roque en Maspalomas, como en el resto de centros situados en zonas turísticas, las previsiones se agravan para un medio plazo con el cierre total de la actividad turística previsto, inicialmente, para un periodo de tres meses.
La insostenible relación entre gastos fijos y caída de la demanda, se ve agravada por las tensiones y caídas en los mercados financieros y sus restricciones que atañen también a las líneas de financiación a las empresas, respecto de cuya situación lo único realmente aprobado hace alusión a la posibilidad de aplazar determinadas obligaciones fiscales, pero no se ha adoptado ninguna para ayudar a paliar los efectos sobre la carencia (casi supresión) de demanda.
Con la situación descrita, con caídas de ocupación y de demanda a niveles medios que superan el 85%, Hospitales Universitarios San Roque no puede mantener la actual estructura de personal y servicios, y adopta una medida de carácter temporal, que no implica la supresión de los puertos de trabajo, sino la suspensión eventual de los mismos, que afecta a servicios no esenciales como los administrativos, traductores, comerciales, y mantiene a todo el personal sanitario necesario para combatir el COVID 19.
El ERTE afecta a 158 trabajadores, un 19,4% del total de los 813 que componen su plantilla, y se distribuye de la siguiente manera por centros:
Hospitales Universitarios San Roque en Maspalomas: 92 de 381 (24,1%)
Hospitales Universitarios San Roque en Las Palmas de Gran Canaria: 59 de 388 (15,2%)
Centro Asistencial de Lanzarote: 2 de 12 (16,6%)
CSR Diagnósticos: 2 de 20 (10%)
Gestión y Administraciones SL: 3 de 20 (15%)
Reorganización de servicios
Con motivo de las medidas preventivas que se han tomado tras la declaración del Estado de Alarma para la contención del COVID-19, Hospitales Universitario San Roque ha suspendido la actividad en sus centros de consultas externas del Centro Asistencial de Lanzarote (a excepción de pruebas diagnósticas) , Vecindario y Néstor de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria), y en el centro IKIGAI situado en El Corte Inglés.
En Hospitales Universitarios San Roque en Las Palmas de Gran Canaria se ha suspendido la actividad en las especialidades de otorrinolaringología, psicología, ginecología, neurofisiología y sus pruebas, reumatología y rehabilitación.
En Hospitales Universitarios San Roque en Maspalomas se ha suspendido la actividad en las especialidades de psicología, rehabilitación, nutrición, angiología y cirugía vascular, cirugía plástica, neurofisiología y oftalmología.
Evolución del sector sanitario privado
El 72% de la facturación del sector sanitario español procede de los acuerdos con el sector asegurador que en los dos últimos años ha vivido una guerra de precios con la proliferación de pólizas de bajo coste. De ahí que se haya generalizado el pago por consulta médica a entre 6 y 22 euros, una ratio que hace inviable el mantenimiento de costes de los centros sanitarios. De hecho, La Alianza de la Sanidad Privada Española, ASP, ha puesto en marcha el Observatorio de la Profesión Médica en Sanidad Privada que permite a los usuarios conocer lo que los facultativos están cobrando, 15 euros por consulta médica o 3 euros por una sesión de rehabilitación, en esta perniciosa dinámica de guerra de precios.
