El reciente debate en el Congreso de los Diputados, sobre la proposición de ley del Parlamento de Cataluña para asumir la competencia que permitiera realizar una consulta sobre la independencia, ha servido para poner en el centro de la discusión la necesidad de unareforma de la Constitución. En esta dirección, que el presidente del Gobierno de España haya retado a los nacionalistas catalanes a iniciar los trámites para esa modificación, y que el líder del principal partido de la oposición apueste por una reforma constitucional que permita abrir nuevas formas de convivencia, puede y debe ser el punto de partida para una reforma que muchos territorios del Estado estamos demandando.
Así las cosas, la iniciativa del Parlamento catalán y la sesión del pasado martes en el Congreso debe impulsar un debate sobre la reforma de la Constitución que, aunque lleva algunos meses sobre la mesa, hasta la fecha se ha abordado sin el compromiso y la voluntad que requiere.
Hay que poner al día la Constitución. Reformarla es reforzarla. El inmovilismo la condena a convertirse en un texto desfasado e incapaz de dar respuesta a una realidad que cada vez se parece menos a la que se construyó en 1978.
Desde hace al menos tres años vengo defendiendo alto y claro la necesidad de una reforma de la Constitución, de introducir cuantos cambios sean necesarios para adaptarla a la realidad del siglo XXI, para mejorar el encaje en la misma de los distintos territorios del Estado.
Hay que poner al día la Constitución por la sencilla razón de que, más de tres décadas después de su aprobación, hay que poner al día el Estado. No cabe echarse las manos a la cabeza. Como apuntó días atrás el presidente del TC, hay que desdramatizar. En definitiva, hace falta ponerse manos a la obra.
A las demandas catalanas se unirá en breve otra petición de consulta por parte de los nacionalistas vascos -adelantada por su portavoz en el Congreso durante la sesión plenaria del martes-. Son muchos los territorios que piden cambios -en todos los ámbitos- de su relación con el Estado, y en el caso de Canarias venimos reclamando que se apuntalen constitucionalmente aspectos que son básicos para nuestra comunidad.
Es necesario un cambio constitucional, y el camino no puede ser otro que el diálogo, la cooperación y el respeto institucional, esa concordia de la que tanto se habla –especialmente estas semanas, a raíz del fallecimiento de Adolfo Suárez- pero que tan poco se practica para avanzar en asuntos de Estado.
Ya la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 25 de marzo -sobre la resolución de soberanía del Parlamento de Cataluña- apuntaba que el derecho a decidir debe plantearse mediante una propuesta de reforma de la Constitución, algo que el Congreso deberá entrar a considerar si el Parlamento catalán la realiza, así como que es necesario resolver mediante el diálogo y la cooperación los problemas territoriales.
En distintas entradas de este mismo blog (23 de agosto de 2011, 11 de marzo de 2012, 9 de septiembre de 2012, 21 de octubre de 2012, 18 de noviembre de 2012, 30 de enero de 2013,10 de febrero de 2013, 5 de mayo de 2013, 12 de mayo de 2013, 21 de julio de 2013, 3 de noviembre de 2013, 17 de noviembre de 2013, 8 de diciembre de 2013 y el 9 de febrero de 2014) he expresado mi opinión al respecto. Lo mismo he hecho en mis discursos -con motivo del Día de Canarias el año pasado, por ejemplo-, en intervenciones en foros y coloquios, en artículos periodísticos, en las reuniones que he mantenido con presidentes autonómicos e, incluso, con el actual presidente del Gobierno de España.
He defendido, y hoy lo vuelvo a hacer, una reforma de la Constitución Española para que todos los ciudadanos y todos los territorios del Estado vean en la Carta Magna una solución y no un obstáculo.
Hace falta una Constitución que dé respuesta a las tensiones territoriales. Como he reiterado en infinidad de ocasiones durante los últimos años, hace falta una segunda transición que permita vertebrar un futuro común desde el respeto a las diferencias, desde la solidaridad y la atención a la diversidad.
En ese nuevo marco, Canarias habrá de jugar un papel relevante y, en cualquier caso, nunca menor que otras nacionalidades. Si se da el paso de actualizar la Constitución ésta deberá reflejar de manera inequívoca –explícita- las singularidades del Archipiélago. Si hay un territorio especialmente diferenciado y singular en el Estado ése es el canario.
El debate sobre la reforma de la Constitución, que ha de encauzarse en los mecanismos que la propia Carta Magna establece para su modificación, es inaplazable.
Si nos atenemos a lo escuchado en el Congreso, hay voluntad de abrir las puertas a esa reforma. Es responsabilidad de quienes así se expresaron el pasado martes que esas puertas no vuelvan a cerrarse. No podemos desaprovechar la oportunidad. Hay que perfeccionar la Constitución para garantizar el adecuado encaje de ciudadanos y territorios. Hay que impulsar una reforma que no deje vencedores ni vencidos, con la que ganemos todos.
