La reciente aprobación de ayudas al alquiler por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, si bien representa una iniciativa loable para apoyar a las familias trabajadoras, presenta una serie de incongruencias y desigualdades que limitan su alcance y generan confusión entre los solicitantes.
José Francisco Pérez refiere, “Que las bases de estas ayudas establecen una definición restrictiva de "familia numerosa", excluyendo a padres separados y madres solteras con dos o más hijos a su cargo. Esta limitación discrimina a un grupo significativo de familias monoparentales que enfrentan desafíos económicos similares y requieren de un apoyo equivalente”.
“Así mismo la utilización de dos indicadores de valoración distintos, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), genera confusión entre los solicitantes y dificulta la comprensión de los requisitos para acceder a las ayudas. Además, el rango de ingresos establecido (entre 15.700€ y 37.000€ anuales) limita de forma excesiva el acceso a estas ayudas, excluyendo a muchas familias trabajadoras que, si bien no se encuentran en situación de pobreza, sí experimentan dificultades para hacer frente al pago del alquiler”.
Desde Hablemos AHORA solicitamos al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que articule los mecanismos administrativos pertinentes para ampliar la definición de familia numerosa, incluir en esta categoría a todas las familias monoparentales con dos o más hijos a cargo, garantizando así la igualdad de oportunidades para todos los hogares con las mismas necesidades.
Que se simplifiquen los criterios de valoración y unificarlos en un único indicador, como el IPREM, y establecer un rango de ingresos más amplio para permitir el acceso a un mayor número de familias trabajadoras.
Así mismo, mayor transparencia y difusión, facilitar información clara y accesible sobre los requisitos y el proceso de solicitud, utilizando un lenguaje sencillo y evitando tecnicismos que puedan dificultar la comprensión.
Además planteamos que se revisen los límites máximos de ayuda para valorar la posibilidad de incrementar los límites para garantizar que cubran una mayor proporción del gasto en alquiler y así aliviar la carga económica de las familias beneficiarias.
