El partido Hablemos AHORA considera extremadamente grave la rueda de prensa ofrecida por el concejal delegado de Vivienda tras el informe del Servicio de Patrimonio municipal que advierte de posibles causas de nulidad de pleno derecho en el convenio firmado con Visocan para la construcción de 283 viviendas públicas, con una inversión de 35 millones de euros.
Lejos de aclarar las irregularidades detectadas por los propios técnicos del Ayuntamiento, el concejal se limitó a afirmar que “el convenio sigue adelante” y que los errores han sido “subsanados” mediante un contrainforme de Asesoría Jurídica, sin dar respuesta a ninguna de las cuestiones de fondo que motivaron la alarma técnica.
El concejal evitó explicar por qué se tramitó de forma irregular un expediente millonario, por qué se aprobaron gastos sin fiscalización previa de la Intervención Municipal, y por qué se levantaron reparos técnicos de forma política para continuar con el procedimiento.Más grave aún, normalizó públicamente que un concejal firme informes y memorias justificativas sin aval técnico, una práctica expresamente prohibida por la normativa administrativa y señalada como irregular por el Servicio de Patrimonio. Para Hablemos AHORA, asumir esta actuación como algo normal demuestra una preocupante falta de respeto a la legalidad.
El concejal tampoco aclaró si el convenio sigue otorgando a Visocan la potestad exclusiva de compra de las viviendas, una gestión valorada en 1,6 millones de euros de dinero público, ni explicó por qué el Ayuntamiento renuncia a ejercer directamente ese control.
Del mismo modo, no respondió si el propio Servicio de Patrimonio ha avalado la supuesta subsanación del expediente, cuando fue ese mismo servicio el que advirtió de irregularidades de extrema gravedad y recomendó la revisión de oficio del procedimiento.
Especialmente preocupante resulta que el concejal se congratulase públicamente de haber firmado la subsanación del expediente en su condición de alcalde accidental, es decir, actuando como juez y parte en un procedimiento que él mismo ayudó a tramitar de forma irregular.
Para Hablemos AHORA, esta actitud supone dar carta de normalidad a flagrantes irregularidades administrativas en la gestión de fondos públicos y evidencia una forma de gobernar basada en mirar hacia otro lado cuando los técnicos alertan de ilegalidades. “La vivienda pública es una prioridad social indiscutible, pero no puede construirse saltándose la ley ni vaciando de contenido los controles administrativos. Un contrainforme no borra una irregularidad si no se responde punto por punto a los reparos técnicos”, señalan desde la formación.
Hablemos AHORA exige explicaciones públicas inmediatas, la publicación íntegra de todos los informes jurídicos y de Intervención, y la asunción de responsabilidades políticas si se confirman las irregularidades detectadas.
