Gustavo Santana exige a Pablo Rodríguez que se pronuncie sobre los residentes en zonas turísticas

REDACCIÓN  (01-10-2026)

Gustavo Santana exige a Pablo Rodríguez que se pronuncie sobre los residentes en zonas turísticas

El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Gustavo Santana ha acusado al consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, de “ponerse de perfil” ante la situación que viven miles de familias residentes en viviendas ubicadas en zonas turísticas, y le ha exigido que se pronuncie sobre la Proposición de Ley presentada por el PSOE para modificar la normativa y aportar una solución a su situación de inseguridad jurídica.

Santana ha reclamado al consejero que, como máximo representante de Coalición Canaria (CC) en Gran Canaria, “dé la cara” y cumpla el compromiso que, según ha recordado, adquirió con la Plataforma de Afectados por la Ley Turística durante las elecciones municipales de 2023.

En este sentido, exige a Rodríguez que inste a su formación política a admitir a trámite la iniciativa socialista, acordada con las personas afectadas, frente a la alternativa planteada por el Gobierno de Canarias.

El diputado socialista señala que la actitud del consejero resulta “especialmente llamativa”, porque en el último Consejo de Gobierno estaba previsto que cuatro consejerías, entre ellas la de Obras Públicas y Vivienda, emitieran un informe sobre la Proposición de Ley del Grupo Socialista. Sin embargo, según Santana, la Consejería dirigida por Pablo Rodríguez fue la única que “no aportó nada” al debate.

Para Santana, esta ausencia resulta “difícil de entender” teniendo en cuenta que la Consejería de Obras Públicas y Vivienda tiene competencias directamente relacionadas con la problemática habitacional que afecta a estas familias. “No es razonable que el consejero de Vivienda permanezca al margen de un problema que afecta a decenas de miles de personas”, señala.

Además, recuerda que, durante los más de tres años de legislatura, el Gobierno de Canarias ha aprobado distintas normas en materia de vivienda, entre ellas un decreto ley y la normativa destinada a agilizar las licencias urbanísticas para impulsar la construcción de vivienda. Sin embargo, denuncia que ninguna de estas iniciativas haya abordado la situación de las personas que residen de forma habitual en viviendas situadas en zonas turísticas.

Asimismo, considera “especialmente relevante” la posición de Pablo Rodríguez porque, según explica, el propio consejero asumió ante la Plataforma de Afectados por la Ley Turística el compromiso de impulsar las modificaciones normativas necesarias para resolver el problema. “Ahora es cuando debe explicar cuál es su posición y por qué permanece callado ante una iniciativa que busca dar una respuesta a estas familias”.

Santana advierte además que la situación genera una creciente inseguridad jurídica para quienes viven en sus viviendas, mientras el Gobierno de Canarias prepara una nueva regulación que, en su opinión, no cuenta con el respaldo de las personas afectadas.

Frente a ello, los socialistas defienden una modificación normativa que permita ofrecer una solución estable y consensuada.

El diputado socialista pone en duda también que la declaración de emergencia habitacional realizada por el Ejecutivo autonómico no se traduzca, a su juicio, en una respuesta específica para las familias residentes en zonas turísticas. “No puede hablarse de emergencia habitacional mientras se mantiene en la incertidumbre a quienes ya tienen una vivienda y simplemente quieren seguir viviendo en ella”.

Santana reclama a Pablo Rodríguez que abandone la posición de “perfil bajo” que, a su juicio, ha mantenido hasta ahora y que explique públicamente si respalda la Proposición de Ley del Grupo Socialista. “Las familias afectadas necesitan soluciones, no silencios ni compromisos incumplidos”.

1 COMENTARIO
Blanco
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Blanco
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JOSE LUIS - 08:18h - 04-10-2026
Buenos dias. Gracias señor diputado por defender lo que es de justicia:
José Luis Navarro Pérez
·
Tengo 63 años, padre de dos hijos( uno aún sin incorporarse al mundo laboral a pesar de tener formación universitaria). Compré un bungalow en Campo Internacional en el 2010. Nos empadronamos en dicho inmueble y residimos en él, tras solicitar hipoteca, que aún no he amortizado. La antigüedad del inmueble es de 1985. Los propietarios adquirimos el inmueble con División horizontal (en la que se describe la propriedad, compuesta por 92 bungalows de uso privativo y con elementos comunes: zonas verdes, aparcamientos, zona de piscina con su cuarto de máquinas , aseos colectivos, sala de recepción, salón y cuartos de lencería y almacén y red pasillos;de las que somos propietarios , usuarios: y que mantenemos todos, con nuestras cuotas según por coeficientes de participación ).
Desde que compramos el complejo no estaba-ni está- en explotación turística, a pesar de que tenemos la capacidad de explotar, otorgada por el Patronato de insular de turismo.
La Explotación turística que se hacía antes, a través de un agente explotador externo(Que previamente a la compra y venta de los bungalows- año 2010- ya había perdido registralmente la existencia de tal sociedad y el ejercicio de su actividad )bajo ella modalidad de una unidad de explotación, acabó cuando las sociedades propietarias deciden vender la finca (con autorización o la inacción de las administraciones públicas y el cuerpo de los notarios y registradores): Es entonces cuando ,mediante la aceptación de de Obra Nueva, otorgada notarialmente y con constancia en escritura (en julio del 1998) se le da a la finca la naturaleza y funcionamiento en Régimen de Propiedad Horizontal(Ante Notario en febrero de 2010).
A partir de ese momento la finca dividida en predios independientes , a iniciativa de las dos sociedades propietarias existentes, se comienza a vender a múltiples propietarios de manera independiente. En la escritura de cada una de estos bungalows vendidos se incorpora(en el acto y firma de la compra venta) su referencia catastral individual y los artículos que conforman el Estatuto que regulará la vida , derechos y obligaciones de cada uno de los nuevos propietarios).
Fue la irresponsabilidad de las sociedades vendedoras el no comunicar y solicitar debidamente al Patronato Insular de Turismo, el cese de la explotación Turística bajo el modelo de Unidad de Explotación y la solicitud de dar turística y a la suspensión del permiso-licencia otorgado para el ejercicio de dicha actividad . Solicitud que hemos(la comunidad de propietarios) comunicado y trasladado reiterada y oficialmente a dicho Patronato Insular de Turismo, sin obtener respuesta favorable.
Desde que compramos lo propietarios hacemos uso residencial de la finca inmueble urbana, como primera o segunda residencia. Lógicamente hemos invertido con fondos propios a mantener y mejorar las instalaciones comunes.
Cada uno pagamos los impuestos relacionados ( municipales y otros) y la mayoría de los propietarios estamos empadronados en el complejo residencial del que se habla en este documento comentario .
Me parece irregular y contraria a nuestros derechos ,como propietarios legales ,a las pretensiones de la Consejería de Turismo Regional e Insular.
Es más, igual que muchos otros propietarios en las zonas turísticas de esta nuestras islas , estamos viviendo momentos de gran estrés psicológico y emocional, ante estas pretensiones de los Administraciones públicas (con la complicidad real que supone el silencio de los notarios, registradores y bancos que han estado,y están, implicados en estas miles de compraventas de estos miles de apartamentos y bungalows.
Me resulta incompresible como se pueda otorgar legitimidad a este intento de que otros decidan sobre el uso y derecho de propiedad de nuestras viviendas.
Agradezco y apoyo el trabajo altruista de asociaciones como la PALT, al defender los derechos de miles de propietarios,afectados por esta ley o norma, impulsada unilateralmente por la Consejería Regional de Turismo; que no cuenta con nuestras opiniones y no respeta nuestros derechos como propietarios de estos inmuebles afectados.
Nuestra constitución no permite que nos roben nuestro derecho a residir en nuestra propiedad ni a que nos suplante nuestro derecho a decidir sobre el uso de la misma.
No procede y no es justo que nos responsabilicen a los propietarios por la falta de acceso a una vivienda que padecen de muchos ciudadanos. Es el Estado, con sus recursos y competencias legislativas y ejecutivas medios los que deben planificar para satisfacer ese derecho a acceder a una vivienda. Señores y señoras del cuerpo de funcionarios técnicos de la administraciones públicas implicadas, no consientan( como servidores de la función público) que se se transformen , modifiquen ,mal interpreten nuestros derechos de sobre nuestra propiedad recogidos en la Constitución. No autoricen ni permitan cualquier actuación ,a iniciativa unilateral de los representantes temporales del poder Ejecutivo y legislativo, encaminada a modificar, alterar o mal interpretar a la naturaleza y cualidades de nuestras propiedades.(Adquiridos,asignados y otorgados según lo establecido,existente y caracterizado en el ordenamiento y planeamiento urbano del momento en que se concedió y se dió autorizaron a la ejecución los proyectos de edificación y se concedieron la primeras licencias de ocupación. Es de justicia que actúen conforme a la legalidad y la regulación territorial y de planeamiento urbanístico de entonces. No deseo que ningún ciudadano, politico, funcionario, trabajador de la banca o del cuerpo de notarios y registradores... que tengan que vivir con la incertidumbre económica, emocional y la inseguridad jurídica ,por la que muchos y muchas estamos pasando a consecuencia de estas pretensiones unilaterales de la Consejería regional de turismo, que no cuenta ,tampoco, con el Apoyo y respaldo de las señorías de nuestro Parlamento canario.
Blanco
Blanco
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