El diputado regional del Partido Socialista, Gustavo Santana Martel, cargó con dureza contra el Gobierno de Canarias, Coalición Canaria y el Partido Popular por la gestión de la vivienda vacacional y la política turística, a las que acusó de estar diseñadas para favorecer a grandes intereses económicos en detrimento de los residentes y de los pequeños propietarios.
Durante una entrevista en Radio Sol, Santana denunció que la Ley de Vivienda Vacacional “no solo no ha resuelto el problema habitacional en Canarias, sino que lo ha agravado”, señalando que se trata de una norma impulsada por la Consejería de Turismo —“que no es competente en materia de vivienda”— y elaborada, a su juicio, bajo la influencia directa de los lobbies del sector turístico. “Es evidente que los grandes poderes económicos han marcado esta ley”, afirmó.
El diputado socialista puso especial énfasis en la situación de los residentes en zonas turísticas, especialmente en San Bartolomé de Tirajana, a quienes acusó al actual Ejecutivo autonómico de haber abandonado pese a los compromisos adquiridos en campaña. Según Santana, la cláusula de unidad de explotación de la Ley de Ordenación del Turismo está provocando la expulsión de vecinos de sus viviendas para favorecer la concentración de suelo turístico en manos de grandes operadores.
Gustavo Santana, así mismo, denunció con contundencia la decisión del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana de avanzar hacia la desmunicipalización —“privatización”, según recalcó— del servicio de hamacas y sombrillas en las playas del municipio, una medida que, a su juicio, supondrá un grave perjuicio económico para las arcas públicas y un retroceso en la gestión de un recurso estratégico ligado al sector turístico.
Durante una extensa entrevista radiofónica, Santana aseguró que el modelo que impulsa el grupo de gobierno municipal, liderado por Coalición Canaria con el apoyo del Partido Popular, implicará que el Ayuntamiento deje de ingresar más de seis millones de euros anuales procedentes de la explotación directa del servicio, para entregarlos a una empresa privada a cambio de un canon que cifró en torno a los 600.000 euros. “Es un negocio multimillonario que se quiere regalar a un tercero”, afirmó.
El parlamentario socialista defendió que la gestión pública del servicio es perfectamente viable y rentable, recordando que las hamacas y sombrillas generan ingresos propios suficientes para cubrir los costes laborales, de mantenimiento y de explotación, sin necesidad de recurrir a fondos del presupuesto municipal. “No hablamos de un gasto, hablamos de una fuente de ingresos netos que permitiría financiar políticas sociales, mejorar la seguridad en las playas y dignificar las condiciones laborales”, subrayó.
Santana cuestionó los argumentos económicos esgrimidos por el concejal de Turismo, Alejandro Marichal, al que acusó de falsear datos sobre el coste del personal y de utilizar informes inexistentes para justificar la privatización. Según explicó, el propio expediente aprobado en el pleno municipal recoge cálculos inflados sobre el número de trabajadores y los salarios, con el objetivo de hacer parecer inviable la gestión directa. “O hay mala fe o hay una profunda ignorancia administrativa”, afirmó.
El diputado también puso el foco en el potencial económico desaprovechado, señalando que actualmente no se explota el número máximo de hamacas y sombrillas autorizadas por Costas, lo que provoca una merma importante de ingresos. Con la reciente subida de precios —de 2,5 a 4,5 euros— y una explotación completa del servicio, Santana estimó que los ingresos podrían superar ampliamente los seis millones de euros anuales. “La pregunta es por qué se renuncia a ese dinero público”, insistió.
En este sentido, advirtió de que la privatización del servicio responde a un modelo político que prioriza intereses económicos privados frente al interés general. “Estamos hablando de playas que son patrimonio colectivo. El sol y la arena no pertenecen a ningún dirigente político ni a ninguna empresa”, afirmó, recordando que la municipalización de las hamacas en 1997 fue un hito histórico respaldado por la ciudadanía.
Santana alertó además de las consecuencias laborales que podría tener la privatización, recordando precedentes de recortes de derechos cuando gobernaron fuerzas conservadoras en el municipio. “Cuando se habla de dignidad laboral no basta con decir contrato indefinido; hay que hablar de salarios, seguridad y derechos”, señaló, mostrando su preocupación por el futuro de los actuales trabajadores del servicio.
El diputado socialista anunció que el PSOE utilizará todas las vías políticas e institucionales a su alcance para frenar la privatización y visibilizar el problema, y no descartó revertir la decisión si logra acceder al gobierno municipal tras las próximas elecciones. “Si no se puede parar ahora, se revertirá cuando gobernemos”, aseguró.
Finalmente, Santana retó públicamente a los responsables municipales a un debate abierto y público para contrastar modelos de gestión y datos económicos. “La ciudadanía de San Bartolomé de Tirajana tiene derecho a saber quién defiende el interés general y quién está dispuesto a regalar millones de euros públicos a empresas privadas”, concluyó.
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Audio: Gustavo Santana Martel - Diputado Regional PSOE
