El Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el empresariado y los sindicatos de este municipio, el que más turistas recibe de Canarias, ahora con una ocupación de apenas el 6 por ciento, se unieron hoy para clamar al Gobierno español diligencia frente a la crisis turística, asfixiada por la Covid-19 y por no haber habilitado aún un corredor seguro con pruebas en origen y destino, y también frente a la crisis migratoria, ya que mantiene hacinadas 800 personas en un muelle en los que quiebra sus derechos humanos y da pie para que el “Salvini de turno” use la situación de forma “torticera”, subrayó el presidente insular, Antonio Morales, quien recordó que sus ministerios siguen descoordinados.
El Estado ha anunciado un plan especial para el turismo, pero no lo ha puesto en marcha, esta semana comenzarán a llegar turistas nórdicos a la isla, y de manera voluntaria se harán pruebas en origen, subrayó Morales, quien indicó que Canarias debe tener un trato especial puesto que el turismo es su motor económico, y dentro del plan especial del Gobierno canario, también debe haber un trato diferenciado para este municipio sureño que a su vez es el motor de la isla, en estos momentos parado, subrayó la alcaldesa, Concepción Narváez.
Además, el dato del seis por ciento de ocupación dado por el presidente de la patronal, José María Marañicúa, le pone “los pelos de punta”, apostilló tras la reunión a la que también asistieron los representantes de UGT, Francisco González, y CCOO, Ignacio López.
Aportar garantías al destino, que se mantengan los ERTE como medida imprescindible, no idónea, pero sí imprescindible para mantener las constantes vitales del sector, garantizar un ingreso mínimo a miles de familias y evitar una quiebra social, así como la implantación urgente de las pruebas, son parte de las necesidades recogidas en un acuerdo firmado hoy por el presidente y la alcaldesa.
Una cárcel nada casual
Por otra parte, prosiguió Antonio Morales, no es casualidad el hacinamiento de personas en el sur, Europa tiene una clara estrategia para impedir que las personas migrantes lleguen al continente y convierte Gran Canaria en una cárcel sin que España le “plante cara”, lo que hace que la situación “sea usada convenientemente por sectores reaccionarios”, por lo que pidió que el Estado tome cartas en el asunto de manera urgente.
En primer lugar pidió que sean trasladados a las instalaciones militares que el Estado tiene en la isla en Gando y en La Isleta, pues tras 26 años aún está improvisando donde acogerlos, ahora unos hoteles, luego un terrero de lucha y más tarde una cancha deportiva, y eso no puede ser, subrayó Morales, quien agregó que ello sucede porque tras un cuarto de siglo aún no ha habilitado un lugar digno para su acogida.
Asimismo, el Estado debe reactivar la derivación de estas personas a la Península, donde el 60 por ciento de las plazas para este fin están vacías, aseveró.
Es imprescindible que los ministerios se coordinen bajo un mando único y, también, que sea mejorado el Sistema de Vigilancia Exterior, el SIVE, puesto que casi el 40 por ciento del litoral permanece en sombra y los migrantes deambulan desorientados tras arribar, lo que genera alarma social.
“Ahora es muy fácil azuzar el miedo y el odio”, alertó el presidente, quien concluyó que el Estado también debe activar sus acciones diplomáticas y planes de cooperación puesto que en el origen de que estas personas arriesguen su vida en el mar no hay otra cosa que el hambre y la pobreza.
Bloque común
El acuerdo firmado hoy por ambos mandatarios para impulsar en bloque tanto la recuperación turística como reclamar de manera conjunta al Estado que adopte soluciones inmediatas ante la crisis migratoria, todo agravado a su vez por la situación sanitaria, expone la necesidad de actuar con urgencia para evitar la tormenta perfecta económica y humanitaria, para lo que además mantendrán reuniones periódicas.
Además, pidieron que el Gobierno de Pedro Sánchez otorgue la mayor importancia a la modernización y digitalización del sector turístico dentro de su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ‘España Puede’, llamado a alumbrar políticas verdes, digitales, sin brechas de género, cohesionadas e inclusivas.
El texto que pone la situación y peticiones negro sobre blanco concluye que es imprescindible la transparencia y la comunicación fluida entre todas las administraciones implicadas, además de la aplicación de instrumentos de formación, información y sensibilización de la ciudadanía para frenar la instrumentalización de la extrema derecha del fenómeno de la migración con la intención desestabilizadora de generar alarma social, miedo, odio, rechazo, racismo y xenofobia.
