Con la determinación de reformar la ley electoral en los ayuntamientos antes de los comicios del próximo 24 de mayo de 2015, el PP quiere aferrarse al poder como sea, minimizando la bajada segura que sufrirá en apoyo ciudadano mediante una modificación legislativa a la medida. Poder sin gloria, como el título de la excelente serie australiana emitida en España a principios de los ochenta. O, en esta ocasión y por ser más precisos, poder sin mayorías y una nueva vuelta de tuerca a favor del bipartidismo, justo cuando este se encuentra más cuestionado.
Los conservadores dirigen hoy la mayoría de las alcaldías de las grandes ciudades en el conjunto del Estado. Ayudados por la hecatombe socialista que se produjo en las municipales de 2011 y por el hecho de que ayer, como ahora, concentran el voto de la derecha estatalista frente a una izquierda fragmentada; por cierto, hoy más dividida que entonces. Y, en definitiva, porque los ciudadanos y las ciudadanas decidieron otorgarle su confianza en las urnas, lo que les permitió alcanzar mayorías absolutas en numerosos consistorios, favorecidos por el sistema electoral.
Mucho ha cambiado desde aquellas elecciones. Los graves incumplimientos electorales del PP y sus medidas, que han empobrecido a importantes sectores sociales, reducido derechos laborales y disminuido el papel de los servicios públicos educativo y sanitario, así como afectado negativamente a la aplicación de la ley de la dependencia, el injusto reparto de las consecuencias de la crisis y los escándalos de corrupción, hacen que los estudios sociológicos señalen un importante retroceso en sus expectativas de voto. No repetiría, ni de lejos, lo logrado hace ahora algo más de tres años.
Esta nueva situación electoral, como reflejan los sondeos, les haría perder ciudades como Madrid, Valencia o Sevilla, siempre supeditado a que se alcanzaran acuerdos entre el resto de fuerzas presentes en los respectivos plenos municipales. Circunstancia, la pérdida de poder municipal por el PP, que también se produciría en Las Palmas de Gran Canaria.
Ante esa negativa realidad, ante esas previsiones que dejarían en paro a muchos de sus actuales alcaldes, el PP plantea una reforma del sistema electoral, dada a conocer solo parcialmente, y que supondría otorgar la mayoría absoluta de los concejales y, por tanto, la alcaldía con solo el 40% de votos, dejando en la oposición al 60% de los electores. Es decir que, aunque las urnas le otorguen 12 ediles en un ayuntamiento con la mayoría absoluta en 15, se les regalarían los tres que precisa sustrayéndoselos a quienes legítimamente los obtuvieron por su número de sufragios.
Lo que les llevaría a obtener automáticamente el poder en los ayuntamientos, impidiendo a partir de ahora que las organizaciones que suman el 60%, y que son clara mayoría, puedan establecer un programa de gobierno y acceder a la alcaldía. Curioso resulta, además, que sus promotores sean los mismos que han desalojado a las fuerzas más votadas en Telde o en buena parte de los municipios palmeros.
La práctica totalidad de los partidos, tanto los estatales como los nacionalistas, ha rechazado rotundamente el cambio en el sistema de elección de alcaldes, aunque es cierto que el PSOE en su momento planteó debatir un modelo que también beneficiaba al bipartidismo.
Resulta cuanto menos sorprendente que CC no tenga posición (parece que la tomarán a lo largo de este mes de septiembre) frente a este ataque al pluralismo político; y que incluso alguno de sus más destacados alcaldes considere “interesante” la propuesta conservadora. Que es antidemocrática sea planteada con o sin consenso.
Golpe de mano
No hay nada de regeneración democrática en esta propuesta que el PP quiere imponer. Nos encontramos ante un golpe de mano autoritario que pretende poner la legislación al servicio de los intereses electorales de una formación en retroceso en las urnas. Y que, además, supone pervertir la ya debilitada democracia y favorecer aún más a las grandes formaciones y al bipartidismo, ya suficientemente beneficiados por la aplicación del sistema D´Hondt.
No vale tampoco aferrarse a la existencia de niveles graves de corrupción para justificar este auténtico pucherazo. Las malas prácticas, la mezcla de lo público con intereses privados o la búsqueda de lucro personal o partidario, se dan tanto en corporaciones con gobiernos de coalición como en las sustentadas en mayorías absoluta, aspecto este último en que el PP cuenta con suficiente experiencia en Valencia, Madrid o Baleares.
Y para combatirlas es imprescindible la aplicación de medidas preventivas, de mayor transparencia y vigilancia; así como de ejemplar dureza contra la corrupción, la especulación urbanística, el enchufismo y todas las malas prácticas en cualquier nivel institucional.
Más y mejor democracia
Asimismo, como hemos insistido desde Nueva Canarias, hay que introducir medidas que, de verdad, contribuyan a mejorar la calidad de la vida democrática, y no con salidas que, como esta reforma, sólo pretenden salvar los muebles electorales al PP y reforzar el bipartidismo y el voto útil a los dos grandes partidos, en detrimento de la pluralidad.
Hay que trabajar, en sintonía con las exigencias ciudadanas, por más y mejor democracia. Ello exige desarrollar actuaciones dirigidas a la mejora de los sistemas electorales para que estos sean más proporcionales; siendo el canario el sistema más injusto, por las elevadas barreras de acceso (30% insular y 6% archipielágico) y por la desproporcionada distribución de escaños.
Introduciendo, asimismo, las consultas populares, como sucede en otros países; un buen ejemplo es la necesidad de realizar una consulta sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias. Con partidos más democráticos y participativos, y más abiertos a la sociedad. Estableciendo la obligatoriedad de los debates electorales y límites estrictos al gasto de las campañas e impidiendo la condonación por parte de la banca de la deuda contraída por los partidos y buscando formas transparente de financiación de la organizaciones políticas. Y en ningún caso, como sucede con esta reforma electoral, diseñando un pucherazo de enormes dimensiones que degrada la democracia y el pluralismo.
Román Rodríguez es diputado en el Parlamento canario y presidente de Nueva Canarias.
