Gastar por gastar, lleva a malgastar. Sobre todo si es dinero público, que como dijo con su lógica socialista la felizmente ex ministra Carmen Calvo, “el dinero público no es de nadie”. En política hay mucho émulo de Robin Hood que roba a unos para regalar a otros, siempre que esos otros sean de su cuerda o del “colectivo” de sus presuntos votantes. El gastar lo de los demás es una pulsión, como la definirían los psicoanalistas al estudiar el “inconsciente” de los gobernantes con poder, que es trasversal y que no distingue colores sectarios.
Los candidatos prometen a los pánfilos que aún oyen y creen su palabrería electoral, prebendas y subvenciones sin cuento, aunque deberían ya saber que con mucho cuento porque después de haberlos votado, si se cruzan por la calle con alguien a cuyos hijos intentaron besuquear durante la campaña, ni siquiera saludan. Los más, ni se molestan en bajar la ventanilla de su coche oficial y no vuelven a pisar un mercado municipal.
A veces, en su osadía, incluso ese gasto sin tino se lo imponen por ley a los demás, como la absurda y temeraria propuesta de la diputada Gloria Gutiérrez, que creyendo ganar así un puñado de votos con la excusa de cuidar la salud de los trabajadores, pretendía incrementar las plantillas en los hoteles. Raro es que no añadiera el “y las” para dar mayor visibilidad al disparate. Tratar de explicar lo que significa productividad a quien vive y ha vivido siempre en el entorno de lo público, puede conducir a la melancolía, de pura utópica inutilidad.
Pero es que ese mismo argumento podría aplicarse a cualquier actividad laboral, desde la jardinería hasta a la legión de administrativos, celadores o bedeles en los edificios públicos. No deja de sorprender, si es que aún quedara un asomo de racionalidad en las demagogias partidistas, que no la apoyara en esta ocurrencia ni siquiera su propio partido, que comparte gobierno con CC. Y es que con el mero anuncio bastaba para conseguir el efecto publicitario. Que llegue esa propuesta a buen fin, es lo de menos, siempre quedará Madrid, el FMI o mucho explotador suelto a quien culpar, nunca a su propia incompetencia o desconocimiento.
No hay programa político ni candidato que no incremente el gasto público por una u otra vía. Unos de forma abierta, como suele proclamar la izquierda. Otros de manera vergonzante y disimulada, como puede comprobarse a poco que se analice con cierto detalle sus propuestas. Pero todos apelando al populismo más descarado. Cuanto más intervenga el estado, más regulaciones haya, más subvenciones y concursos se puedan conceder, mayor posibilidad de corrupción habrá por la discrecionalidad y arbitrariedad que todo aquello conlleva, por más que se diga que se establecerán controles. En Andalucía fue lo primero que dijo Susana Díaz al tomar posesión como presidenta. Nada hizo, pero ahora vuelve a decir que hará lo que nadie se cree que ni siquiera intente hacer. Hay muchos estómagos que agradar aún, si bien es cierto que unos tienen dietas más suculentas que otros. Equidad lo llaman los favorecidos.
En Canarias todo eso se vive con mayor intensidad, no en vano CC y PSOE ahora, pero antes PP, han incrementado tanto el intervencionismo y las regulaciones innecesarias, que han logrado estrangular la iniciativa privada generadora de riqueza y empleo. Como bien señalaba el ABC, mientras los ingresos públicos cayeron en más de 1.500 millones de euros por la caída de la actividad empresarial, el gasto en nóminas de presidentes, alcaldes, consejeros, concejales, etc. de las corporaciones municipales e insulares se incrementó en 1,6 millones de eurazos contantes y sonantes. ¿Qué otra cosa cabría esperar en un archipiélago que soporta su alícuota parte del Gobierno de España y enterito el gasto de un gobierno canario, siete cabildos y 88 municipios, algunos de ellos con menos población que la que habita en un bloque de viviendas de cualquier capital insular?
