El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, ha acusado este martes [13] en el Pleno de la Cámara regional al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de anteponer el negocio inmobiliario al derecho a la vivienda durante sus 38 meses de gobierno, y ha denunciado que, pese a la declaración de la emergencia habitacional, el Ejecutivo autonómico no ha dado una respuesta suficiente a una crisis que sitúa como el principal problema de la ciudadanía y uno de los mayores factores de desigualdad social.
Franquis intervino en una pregunta del Grupo Socialista al presidente del Gobierno canario sobre los resultados concretos de su gestión durante los últimos 38 meses para afrontar el problema de acceso a la vivienda que sufren las familias, los jóvenes y los trabajadores de las islas, y ha advertido que trabajar ya no garantiza poder acceder a una vivienda ni construir un proyecto de vida digno.
En este sentido, ha cuestionado que el Gobierno de CC y PP continúe anunciando medidas, foros y decretos sin acreditar resultados acordes con la magnitud del problema.
“Después de 38 meses de Gobierno, la pregunta es muy sencilla: ¿dónde están los resultados?”, ha planteado Franquis, quien ha recordado que durante este periodo han continuado las subidas de los precios del alquiler y de compraventa, mientras el Ejecutivo se ha negado a limitar las rentas.
También ha criticado la falta de transparencia sobre la actuación de los grandes fondos de inversión en el mercado inmobiliario canario.
El portavoz socialista ha puesto el foco en la situación de la juventud, cuya tasa de emancipación ha descendido hasta el 14,1 %, según los datos citados en su intervención, el peor registro de la serie histórica.
Para Franquis, detrás de estas cifras hay familias que destinan una parte creciente de sus ingresos a pagar la vivienda y jóvenes que no pueden independizarse.
Solo 379 viviendas protegidas de las 10.300 iniciadas, frente a las 12.000 iniciadas del Pacto de las Flores
Además ha rechazado que el Gobierno canario confunda los anuncios de nuevas promociones con una respuesta efectiva a la emergencia habitacional. “Yo no le he preguntado por sus medidas, sino por sus resultados”, ha insistido, al defender que aumentar la construcción es necesario, pero no suficiente si no se garantiza una oferta estable de viviendas asequibles.
En esta línea, ha destacado que, según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), durante estos tres años se han iniciado 10.300 viviendas en Canarias, de las que únicamente 379 son viviendas protegidas, frente a lo que destacó que durante el Pacto de las Flores se iniciaron 12.000 viviendas
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El portavoz socialista ha utilizado estas cifras para cuestionar la capacidad de la política del Ejecutivo autonómico para ampliar el parque público y facilitar el acceso a un hogar a quienes no pueden asumir los precios del mercado.
“Ampliar el parque público es lo que garantiza viviendas asequibles y permanentes para quienes no pueden pagar los precios del mercado», ha defendido.
Franquis ha acusado al Gobierno de actuar como “medianero de los intereses privados” en lugar de priorizar el interés general, en línea con la consigna ‘¡El Gobierno de Canarias es una inmobiliaria!’ que, según ha recordado, se ha escuchado en las movilizaciones ciudadanas por la vivienda.
Transparencia sobre los grandes propietarios
El diputado socialista también ha cuestionado la negativa del Ejecutivo autonómico a crear un registro de grandes tenedores de vivienda. Franquis ha señalado que los grandes propietarios concentran más de 104.000 viviendas en Canarias, y ha reclamado información pública que permita conocer quién acumula estos inmuebles y evaluar su posible influencia en el mercado.
“¿Por qué se niegan a que los canarios y canarias puedan saber quiénes son los que acumulan miles de viviendas y qué impacto puede tener en el mercado?”, ha preguntado a Clavijo.
Asimismo, ha señalado la contradicción que, a su juicio, supone defender ahora límites a la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes mientras se rechazan instrumentos de transparencia y control sobre los grandes fondos de inversión y los grandes tenedores.
Franquis ha reivindicado las propuestas socialistas para incrementar la vivienda pública, proteger a las familias y actuar contra la especulación inmobiliaria. “Ésa es la diferencia entre defender derechos y defender intereses”.