Las Islas Canarias son para España un territorio alejado de la Península, mientras que, para la Unión Europea, además de ello, es una Región Ultraperiférica. Estos conceptos están recogidos tanto en la Constitución española del 78 como en los Tratados de la Unión Europea. El carácter diferencial de nuestro Archipiélago respecto al territorio peninsular es un hecho tan evidente como objetivo.
Tenemos un huso horario diferente al peninsular. No contamos con ríos. Nuestro suelo es muy limitado. La escasez de agua y el relieve dificultan el desarrollo del sector primario. Estamos muy lejos de las materias primas, lo que dificulta el crecimiento de la industria. Dependemos absolutamente del barco y del avión y, solo por añadir alguna diferencia más, el empleo y la economía están muy supeditados a la marcha del turismo.
Sorprende mucho que, a pesar de nuestra situación geográfica estratégica, España no le preste ninguna atención al Archipiélago. Y ello por más que Canarias se halle en la encrucijada que fija los caminos hacia África, América y Europa.
Nuestra proximidad con las costas de África occidental y el deseo de millones de personas de huir de la persecución política, la miseria y el hambre está derivando en un gravísimo problema para las Islas, pero, lamentablemente, seguimos estando solos frente a la crisis migratoria.
Resulta cierto el amplio reconocimiento que está teniendo el pueblo canario por su compromiso y solidaridad con los migrantes que llegan a través del mar. Pero Canarias tiene un límite. Con el reparto de los menores no acompañados que llegan a nuestras costas se está desvelando, sin disimulo alguno, el desprecio y la falta de respeto con el que nos tratan las fuerzas políticas españolas.
Los vaivenes en lo referido a la acogida de estas personas, primero por el Gobierno de España y, después, por la mayoría de los partidos políticos, es más que lamentable. Socialistas y populares se han olvidado de que los asuntos de Estado -y la migración lo es- tienen que estar por encima de las miserias partidistas.
La intervención de la Justicia alumbró un rayo de esperanza, pero el ninguneo al estamento judicial y al Gobierno de Canarias continúa. Por lo visto hasta hoy, el apoyo prestado por Coalición Canaria a la investidura de Pedro Sánchez no ha sido suficiente para el Gobierno de España, igual que el respaldo concedido por los nacionalistas de las Islas en otros temas de Estado donde también se les demandó ayuda.
Si timorata ha sido la posición del Gobierno español en el asunto de los menores no acompañados, no se queda atrás el papel que está jugando el Partido Popular. A pesar de que forma parte del Gobierno de Canarias, la aportación de su dirección nacional para ayudar a las Isla en materia migratoria resulta nula.
La guinda al desprecio del Estado hacia Canarias, con relación a la política para el reparto de menores, está poniéndola ahora la mayoría de las comunidades autónomas que, en una muestra incalificable de insolidaridad, acuden al Constitucional para que paralice el reparto aprobado por el Congreso de los Diputados, vía Real Decreto Ley.
La posición geográfica del Archipiélago nos hace singulares ante la inmigración que nos llega de África a través del mar. Siendo así, también tendría que ser singular su tratamiento. La capacidad de acogida de un territorio debe guardar una estrecha relación con su capacidad para integrar o derivar a estas personas. La acogida, la formación e integración o la derivación suponen la mejor medicina para evitar fracturas sociales.
