La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Nira Fierro, ha reclamado este martes [23] en el Pleno de la Cámara regional al vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, que el Ejecutivo autonómico cumpla con los mandatos legales en materia educativa y atienda las demandas de las familias canarias para reforzar la educación pública en las islas.
Fierro intervino en una pregunta del Grupo Socialista al vicepresidente del Gobierno canario para cuestionar al Ejecutivo autonómico sobre la obligación de cumplir la Ley Canaria de Educación, después de que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, restara importancia al objetivo legal de destinar el 5% del Producto Interior Bruto (PIB) a la educación pública y lo calificara de “perreta”.
“Cuando escuchamos al señor Clavijo decir que la Ley Canaria de Educación pone que la inversión en educación debe ser del 5% del PIB y que perseguir este objetivo es una perreta, ya podemos entender todo lo demás”, señaló.
En este sentido, recordó que hace apenas unas semanas miles de familias salieron a las calles para exigir mejoras en la educación pública canaria, una competencia exclusiva del Gobierno de Canarias: “La gente exige mejoras contundentes en la educación: más recursos, más infraestructuras y más personal, especialmente auxiliares educativos y recursos para atender la diversidad dentro de las aulas”, afirmó.
La presidenta del Grupo Socialista denunció que las reivindicaciones de la comunidad educativa contrastan con la baja ejecución presupuestaria del Ejecutivo regional. Según expuso, de un presupuesto de 170 millones de euros destinado a inversiones educativas, el Gobierno solo ha ejecutado alrededor de 60 millones. Además, aseguró que en los tres años de legislatura han quedado sin gastar cerca de 3.400 millones de euros.
“La gente está en la calle reclamando recursos y la realidad no es la falta de dinero, sino la incapacidad para gestionarlo”, aseguró.
Externalización en los auxiliares educativos
También criticó la reciente autorización del gasto plurianual para auxiliares educativos, aprobada tres años después del inicio de la legislatura y a menos de un año de las próximas elecciones autonómicas.
En esta línea, alertó que, aunque incorpora una mejora retributiva, mantiene un modelo de externalización que dificulta la organización de los centros educativos y la adecuada atención a la diversidad.
Según explicó, la dependencia de empresas privadas impide que los equipos directivos y el personal docente puedan planificar con normalidad los recursos de apoyo en las aulas, además de perpetuar la incertidumbre laboral de estos trabajadores entre el final de cada curso y el inicio del siguiente.
Fierro alertó también sobre las condiciones laborales de muchos auxiliares educativos, con contratos mayoritariamente parciales y salarios que dificultan la estabilidad profesional. A su juicio, esta situación perjudica tanto a quienes desarrollan esta labor como al alumnado que requiere una atención especializada.
Asimismo, reprochó al Gobierno canario que siga sin presentar el anunciado plan de atención a la diversidad, una medida que, según recordó, viene siendo prometida desde el comienzo de la legislatura. “Se les acaba el tiempo y la única realidad es que la gente está en la calle y ustedes con el dinero en el bolsillo”.
La diputada socialista aseguró que las políticas del Ejecutivo autonómico están debilitando el principio de igualdad de oportunidades en las aulas canarias, amplió sus críticas a la gestión de las universidades públicas, y consideró que esta situación se debe a una combinación de falta de voluntad política, desidia y ausencia de gestión.
Fierro calificó de “sorprendente” que representantes de los partidos que sustentan al Gobierno participaran en manifestaciones convocadas para reclamar mejoras educativas frente al propio Ejecutivo. “Jamás había visto diputados que apoyan al Gobierno manifestándose contra el Gobierno”, concluyó.
