Las zonas fronterizas que separan el mundo desarrollado de las áreas más deprimidas y pobres del planeta están cada día más tensionadas por el fenómeno migratorio. Sucede así, entre otras razones, porque los sistemas globalizados de comunicaciones transmiten a quienes viven en la pobreza, la exclusión o la persecución y la represión una realidad de bienestar totalmente diferente a la conocida por ellos y sus ascendientes. Mientras se mantenga la brutal fractura entre la calidad de vida en una y otra franja, la tentación de traspasar la barrera separadora de la dignidad y la miseria permanecerá latente.
Partiendo de la base de que la complejidad del fenómeno migratorio impide la existencia de una varita mágica que nos aproxime certeramente a cómo abordarlo, cualquier opinión técnica, por respetable que sea, exige mesura, sensatez y sentido común. Afrontar los problemas sociales y económicos asociados a la migración no debería generarnos otros de convivencia, integración y calidad de vida en las zonas receptoras. El equilibrio entre las medidas de filtro y control y las de integración social ha de marcar el camino por seguir.
En España, la política migratoria está caracterizada por la inacción del Gobierno, a un lado, y por la demagogia sin compromiso del Partido Popular, al otro.
La visita del presidente Sánchez a Mauritania, Senegal y Gambia tiene más que ver con la política efectista y cosmética que con la búsqueda de acuerdos y propuestas que ayuden a disminuir los riesgos de más muertes en el Atlántico Medio. Su viaje, igual que las declaraciones del ministro Óscar Puente, solo pretenden la extensión de una columna de humo que tape el abandono al que están sometiendo a Canarias en materia migratoria.
No podemos seguir tolerando el juego lamentable que se traen socialistas y populares para la adopción de medidas para un reparto equitativo de los menores no acompañados entre las diferentes comunidades. Ambos hacen de la inmigración una partida para perjudicarse mutuamente, sin pensar en Canarias u otros territorios que también sufren el problema, como es el caso de Ceuta.
La decisión de dictar un Decreto Ley que obligue al reparto de los menores por toda España está en manos del Gobierno de Sánchez. Y la de comprometerse a ratificarlo en el trámite parlamentario, de los populares de Feijóo. Pero la pasividad de ambos evidencia que, sencillamente, Canarias les importa muy poco.
Al mismo tiempo, va siendo hora de que se enteren, unos y otros, que una política migratoria equilibrada para las Islas no se compra con dinero.
¿Dónde quedaron los planes impulsados por el Gobierno de Zapatero después de la presión de la Comisión Europea? Recordemos que la línea, coordinada por María Teresa Fernández de la Vega, incluía acuerdos en origen con los países emisores, planes de cooperación, patrulleras conjuntas para luchar contra las mafias en aguas de Marruecos, Senegal y Mauritania, control en la mediana con la guarda costera de la Unión Europea y medidas de recepción, atención y derivación en tierra. De todo ello solo ha quedado la recepción en el mar y en tierra y el hacinamiento posterior en los centros habilitados en las Islas.
Ahora, la política de tinta de calamar del Gobierno con las Islas ha sido complementada por el ministro de los exabruptos, Óscar Puente, acusando a la administración canarias de ineficiente en el uso de los recursos procedentes del Estado. Es curioso que quienes se ponen de parte de los separatistas catalanes en la condena del Tribunal Supremo por el uso fraudulento del dinero público falten al respeto, en nuestra propia casa, a la primera institución de Canarias. Ver para creer.
Pero el ministro sí dijo una verdad: en una población de 50 millones de habitantes, integrar a seis mil no debería ser un problema. Eso es cierto. Pero le faltó añadir que distribuidos equitativamente por todo el Estado. Como exige Canarias.
