La fría y displicente respuesta que las comunidades autónomas están dando al requerimiento del Gobierno de España para que -de acuerdo con el Real Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de marzo sobre las normas de acogida de menores no acompañados- informen de la situación general de su capacidad de acogida en sus respectivos territorios, apunta a que aún quedan muchos capítulos por escribir sobre este desgarrador drama.
Lamentablemente, las estrategias y el tacticismo político, el egoísmo y la insolidaridad están superando ampliamente el drama humano y el problema social y económico que significa la atención a los menores no acompañados que nos llegan a través del mar.
La inmigración debe ser claramente una política de Estado pero ahora mismo en España es un instrumento que unos y otros utilizan para desgastar políticamente al adversario. España carece de un plan integral de inmigración consensuado entre los partidos políticos, el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Los acuerdos puntuales que se van alcanzando responden más a las dádivas con las que el Gobierno de Sánchez compensa el apoyo puntual de sus socios parlamentarios y no a un plan concreto que responda a una estrategia global.
La legislatura se ha ido consumiendo desde una posición inamovible e insolidaria con Canarias de los populares de Feijóo y un Gobierno de Sánchez que ha priorizado el intento de abrir una grieta en el Gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular en las Islas.
Tanto Clavijo como Manuel Dominguez están timoneando con acierto la complicada gestión de tener que tener abierta la vía del diálogo con el Gobierno Socialista de Madrid y, al propio tiempo, no caer en los exabruptos y provocaciones de los dirigentes estatales del PP.
Manuel Dominguez está teniendo que moverse entre la lealtad y disciplina al Partido Popular y su compromiso con la defensa de los intereses de Canarias, una papeleta tan compleja como la que está jugando el Ministro canario de Política Territorial Ángel Victor Torres. Buena parte de los avances que se han producido entorno a la atención a los menores no acompañados se deben a la constancia y perseverancia de Torres; su figura ha ido creciendo en el seno del Consejo de Ministros y esa es una buena noticia para las Islas.
A la espera del resultado de la convalidación del Real Decreto del 18 de marzo y de las reacciones que se vayan produciendo en los gobiernos autonómicos con respecto a la asignación de menores que tienen que atender, la foto real es la de un drama humano que exige un amplio compromiso institucional para poder hacerle frente con dignidad.
Indudablemente, es necesario tener filtros que permitan que el número de menores no acompañados que acogemos respondan a la capacidad que tengamos para poderles atender con un mínimo de dignidad.
La imagen que estamos dando de los entornos donde están enclavados la mayoría de los centros de acogida es francamente penosa e impropia de lo que el Archipiélago representa.
Grupos de decenas de jóvenes que deambulan sin rumbo durante todo el día. De un lado para otro. Sin ninguna misión concreta. Ajenos a la formación, la educación, al trabajo comunitario o a las actividades lúdicas, culturales o deportivas.
Evidentemente es un tema complejo, pero requiere de atención. No es nada edificante ni para propios ni para extraños, ver caminar, a todas horas, sin rumbo fijo, a centenares de jóvenes inmigrantes por los bordes de nuestras carreteras. Hay imágenes que proyectamos que nos anclan al tercer mundo.
