El Congreso de los Diputados ha adoptado recientemente una resolución muy relevante con relación a Palestina. Una proposición no de ley aprobada por prácticamente la totalidad de la Cámara insta al Gobierno español a reconocer el Estado palestino, como hace unas semanas hicieron lo propio los parlamentos de Reino Unido e Irlanda. Suecia ha ido más lejos y ha sido el primer integrante de la Unión Europea en reconocer y entablar relaciones diplomáticas con Palestina. La Asamblea Nacional francesa tiene previsto pronunciarse a final de este mes de noviembre con una resolución similar a la aprobada en las Cortes Generales. Algo comienza a cambiar tras décadas de inmovilismo.
No se trata de los primeros integrantes de la Unión Europea (UE) en sumarse a los más de 130 estados que ya lo han hecho a nivel mundial, pues antes de su adhesión ya lo habían hecho Polonia, Hungría, Rumanía, Chipre o Malta. Pero Estados Unidos y la UE siempre se han resistido a dar este paso. Aunque ya en 1999 la UE se comprometió, en la denominada Declaración de Berlín, a reconocer el Estado palestino pero sin poner fecha a ese reconocimiento. En la misma, la UE se reafirma “en el permanente e incondicional derecho palestino a la autodeterminación, incluida la opción de un Estado” y llama a las partes “a hacer los esfuerzos para alcanzar una solución negociada”.
Pero es desde 1947 cuando la Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 181 de noviembre de 1947, plantea resolver el conflicto en la región con la configuración de dos estados, uno árabe y otro judío.
El conflicto entre Israel y Palestina ha causado mucho dolor y muerte en más de medio siglo y se ha prolongado en el tiempo con el sistemático incumplimiento por parte de Israel de distintas resoluciones de Naciones Unidas. Con acciones, como el bombardeo y destrucción de Gaza de hace unos meses, que suponen una desproporcionada respuesta de uno de los ejércitos más potentes del mundo a episodios violentos protagonizados por personas o grupos palestinos. Y que se dirigen, fundamentalmente, contra la población civil palestina.
En distintas ocasiones desde la propia ONU se han denunciado las intervenciones israelíes. Ocurrió así tras el bombardeo de diciembre de 2008 a enero de 2009, la denominada Operación Plomo Fundido, cuando el relator especial de Naciones Unidos para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, Richard Falk, acusó a los dirigentes de Israel de cometer “un crimen contra la humanidad en Gaza”, asegurando que “deben ser castigados por ello”.
Destrucción
Pero la brutal imagen de destrucción y muerte, sin que se haya producido castigo alguno, se repitió hace unos pocos meses (Operación Margen Protector) con el balance de más de 2.000 muertos a consecuencia del ataque de Israel, que se extendió desde comienzos de julio a finales de agosto de 2014.
La inmensa mayoría de las víctimas fueron civiles y, entre ellos, varios centenares de niños y niñas. A lo que se añade una cifra de personas heridas que supera los 10.000 y la intencionada destrucción de buena parte de las infraestructuras de Gaza –agua, electricidad, telecomunicaciones, hospitales y escuelas-, haciendo aún más precaria la vida a su población. Algún ministro del Gobierno de Israel aseguró que el objetivo de la operación era “devolver a Gaza a la Edad Media”.
Como ocurriera en el conflicto desatado en 2008-2009, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la jurista sudafricana Navanethem Pillay, denunció los ataques efectuados por las Fuerzas Armadas de Israel sobre Gaza, considerando que los mismos podrían constituir “crímenes de guerra”.
Bloqueo
A ello se suman los efectos del bloqueo israelí a Gaza que, en la última década, ha impedido el acceso a medicinas y alimentos, asfixiando a esta pequeña franja que tiene una de las densidades de población más altas del mundo, más de 4.100 habitantes por kilómetro cuadrado. La respuesta de la comunidad internacional no ha estado a la altura de semejantes atropellos a los más elementales derechos humanos.
En este prolongado conflicto resulta imprescindible que se imponga la acción diplomática sobre la militar; que se impulse una cultura de paz que posibilite una convivencia en libertad de dos pueblos y dos estados, Israel y Palestina, y una situación de verdadera justicia en Oriente Próximo.
En ese sentido, sería muy importante el reconocimiento de un Estado palestinoindependiente por la Unión Europea (que es el principal referente comercial de Israel, a la par que el principal donante a Palestina) y por Estados Unidos, superando las resistencias que han mostrado hasta ahora. Así como impulsar de manera decidida la sustancial mejora socioeconómica de los ciudadanos y ciudadanas de Palestina. Son pasos claves para la paz, la seguridad y el logro de la convivencia y la cooperación entre los pueblos palestino e israelí; situación que beneficiaría a ambos. Las decisiones de Suecia, Irlanda, Reino Unido o España apuntan en la buena dirección.
Desde Nueva Canarias siempre hemos mostrado nuestro decidido apoyo al reconocimiento internacional de los derechos inalienables del pueblo palestino. Y hemos apoyado las movilizaciones de la comunidad palestina de las Islas. Hoy nos sumamos a sus reivindicaciones para que la comunidad internacional, y en especial la UE de la que formamos parte, avance en el reconocimiento de su Estado como la mejor forma de justa solución al conflicto y de superación de la actual e injusta situación.
Román Rodríguez es diputado en el Parlamento de Canarias y presidente de NC.
