Vivir en un Archipiélago distante del territorio continental ha provocado que históricamente una de las demandas de Canarias haya sido -y siga siendo- cómo contar unos transportes aéreos y marítimos que garanticen buenos precios, calidad y frecuencias suficientes en las comunicaciones entre las Islas y, a su vez, de éstas con el continente. La liberalización de los transportes aéreos y marítimos en la Unión Europea -a mitad de la década de los noventa- y la privatización de las compañías de bandera impulsaron la competencia este sector estratégico.
Aunque con carácter general la liberalización y privatización de los transportes en la UE traería consigo una mejora de los servicios y un abaratamiento de los precios, las autoridades europeas contemplaron en el Reglamento (CEE) 2408/92 del Consejo de 23 de julio mecanismos para garantizar que, allí donde no funcionara la competencia, los transportes tuvieran un control público.
En la legislatura 1996/2000 Canarias tuvo peso y capacidad de decisión política en Madrid. Las elecciones de marzo de 1996 abrieron un cambio político en España, cerrándose un periodo de casi catorce años de gobierno socialista, con Felipe González al frente. El PP, liderado por José María Aznar, ganó aquellas elecciones con 156 diputados. Aznar necesitó los cuatro votos de Coalición Canaria y los dieciséis de CiU para garantizarse una mayoría que le permitiera gobernar. El apoyo parlamentario de CC al nuevo gobierno se sustanció en un acuerdo muy importante para los intereses de Canarias y del Estado.
La mediación política facilitó que en el proceso de privatización y venta de la hasta entones compañía pública Iberia, su filial para Canarias -Binter- quedara al margen y pudiera ser licitada en un proceso diferente, a lo que sin duda ayudó la compra de Binter por empresarios canarios. La apuesta que los empresarios hicieron por el control de Binter se vio complementada por una serie de medidas impulsadas desde el ámbito público, que facilitaron la viabilidad de la compañía y que la han ayudado a crecer hasta convertirse en una empresa consolidada y en constante crecimento, en una pieza necesaria tanto para cohesionar las islas entre sí como para conectarnos con nuestro entorno geopolítico.
Entre las medidas que impulsadas desde el ámbito público ayudaron a hacer viable Binter-Canarias, que tuvieron reflejo en los Presupuestos Generales del Estado de 1998, cabe reseñar el incremento del 10 al 33 por ciento de la subvención a los residentes canarios en los trayectos entre islas, la reducción del costo de las tasas de pasajeros y de aterrizaje en todos los aeropuertos del Archipiélago y la declaración de obligación de servicio público del tráfico aréeo interinsular. La gran desconocida de las medidas, la reducción a las compañías aéreas de las tasas de pasajeros y aterrizaje, ayudó a hacer viables y competitivos los operadores que prestan servicio entre las islas -más adelante, o en un próximo artículo, indicaré la referencia legal que sirvió de base para que las medidas citadas anteriormente tuvieran eco en los Presupuestos Generales del Estado de 1998-.
Sin duda, la combinación de las tres medidas a las que me he referido produjeron un antes y un después en el transporte aéreo entre islas. Por una parte, la declaración de obligación de servicio público del transporte aéreo entre islas garantizaba el control del sistema por parte de los poderes públicos, evitándose el riesgo de caer en un monopolio privado. El incremento de la subvención a los residentes hizo que creciera la demanda y el número de pasajeros y, por último, la bonificación a las tasas ayudó a mejorar la competitividad del operador. Las tasas bonificadas fueron la de pasajero y aterrizaje. En todos los aeropuertos del Archipiélago la bonificación alcanzó el 70 por 100 (creo recordar que significó un ahorro de unos 400 millones de las antiguas pesetas en el ejercicio económico de 1998). Además, la medida se hacía extensible con una bonificación del 15 por ciento para el tráfico con la Península.
La sensibilidad que hay en un archipiélago como el nuestro respecto a la calidad, frecuencia y precios del transporte aéreo y el marítimo hace que el debate sea inagotable. Años después, hay razones de sobra para no bajar la guardia. Muchos siguen siendo los interrogantes. Apunto uno de ellos. ¿Es posible controlar desde el ámbito de los poderes públicos el abuso que se está dando con los precios de los trayectos Canarias-Península?
