A pesar de que en 1978 se inició la constitución de un “Estado social y democrático de Derecho” en España, hasta hoy en día, pervive una generalizada irresponsabilización política y funcionaria en las distintas Administraciones del Estado, lo que pone de manifiesto que la transición institucional del régimen dictatorial a la democracia parlamentaria devino fallida. Esta impune desatención de deberes que hay que cumplir y de derechos que hay que salvaguardar, en el gobierno central, en los autonómicos y en los locales ha terminado provocando una dinámica estructural de corrupción sistemática y de cotidiano incumplimiento de las normas. Por eso, salvo muy apreciables excepciones, la cotidianidad de los organismos públicos en sus actuaciones para servir al interés general deja tanto que desear. La responsabilidad es, sobre todo, política y apunta a los círculos de poder, a los cargos políticos y los altos responsables de la función pública. En momentos de grandes dificultades, como los actuales, este injusto estado de cosas no hace sino agravar las problemáticas. Pareciera que en el Estado español la independencia territorial, la responsabilidad con el pueblo soberano y el cumplimiento constitucional son ya pura retórica y que el ejercicio del poder consiste, meramente, en hacerse con la mayoría suficiente para legislar a conveniencia de los poderosos.
La clase media se está despertando a esa cruda realidad de la hegemonía neoliberal, que, desde luego, no respeta a los ciudadanos y ciudadanas asalariados, pero tampoco a los profesionales liberales, ni a los pequeños empresarios o rentistas: el capitalismo global contemporáneo está por la dualización social extrema y por la dictadura de los amos del dinero, y a ello se aplica. Con todo, siendo esto muy preocupante, no es, en absoluto, lo peor. Una democracia de procedimientos y de valores -un régimen político que ahora, con generalización de la crisis económica y los recortes sociales, muchos empiezan a echar de menos- representa un compromiso institucional de solidaridad general por la suficiencia material, la dignidad social y la autonomía personal de cada miembro de la sociedad. Y en España, desde hace mucho tiempo, en los barrios marginales, la miseria asola y en las cárceles, la injusticia campa: los más pobres y los presos en nuestro país, están rotos, culpabilizados de su situación y olvidados a su suerte.
Según reflejan cada vez los datos de las investigaciones sociológicas, la pobreza relativa y las condiciones miserables en nuestro Estado alcanzan unos niveles elevadísimos, a los que, muy a menudo, se responde, no con justicia social, sino con mera beneficencia. Las estadísticas de las condiciones de vida de las personas encarceladas –casi siempre silenciadas o subsumidas en un manto de infundios- son aún más espeluznantes: teniendo uno de los índices de delincuencia más bajos de la Unión Europea, España es el segundo país del mundo –solo superado por EEUU- con más presos por habitante; los reclusos, en un 81%, provienen de los segmentos sociales más empobrecidos; padecen enfermedades crónicas un 60% de ellos, siendo el 30% de estas, mentales; el 63%, sigue con su adicción a las drogas en la cárcel; solo el 14% de las personas encarceladas lo está por delitos graves, mientras que por delitos contra el patrimonio y la salud, lo están el 66%; sin embargo, hasta en un 67%, terminan volviendo a las prisiones. Son los problemas políticos y económicos no resueltos en la sociedad los que llevan a la gente al empobrecimiento y a la cárcel; son los problemas de falta de conciencia y responsabilidad democrática los que nos están atrapando en esta espiral de corrupción e injusticia.
Más pobreza y más prisiones no son el remedio, son el síntoma de un Estado democráticamente fallido.
Xavier Aparici Gisbert. Filósofo y Secretario de Redes Ciudadanas de Solidaridad.
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