Aunque en política los acontecimientos de última hora a veces provocan volantazos, todo apunta a que tendremos Gobierno de España a lo largo de las próximas semanas. Y, dado el escenario, parece oportuno poner el retrovisor para recordar que la moción de censura presentada contra Rajoy -que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno en junio de 2018- sumó a los 84 diputados del PSOE los de Unidas Podemos, Ezquerra Republicana de Catalunya, Partido Demócrata Europeo, Partido Nacionalista Vasco, Compromis, Euskal Herria Bildu y Nueva Canarias, dando como resultado los 180 votos que avalaron la censura al hasta ese momento presidente Rajoy.
Tras ocho meses de Gobierno, Sánchez decidió convocar a los ciudadanos a elecciones generales el 28 de abril de 2019 por el bloqueo que encontró para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, justificando la disolución de las Cortes y la convocatoria electoral en el rechazo a los Presupuestos más sociales -en palabras del propio Sánchez-. “La disyuntiva que se nos plantea es clara como Gobierno, o continuar con unos presupuestos que no son los nuestros o creer como creo que España necesita avanzar, no dar pasos atrás”, advirtió.
Sin embargo, la realidad fue que lo que impidió que prosperaran los Presupuestos presentados por el Gobierno de Pedro Sánchez fueron los intereses políticos de los partidos independentistas catalanes, que sí habían apoyado la censura a Rajoy. No fueron las inversiones, ni las políticas de empleo, ni la de vivienda. Tampoco tumbaron los Presupuestos del Gobierno de Sánchez las políticas educativas o las sanitarias, ni fueron un obstáculo insalvable las políticas a llevar a cabo para la sostenibilidad del sistema de las pensiones: fue la política pura y dura la que truncó las cuentas presentadas por el Gobierno que surgió al calor de la censura, un Ejecutivo que cayó en ocho meses porque dependía de los partidos independentistas catalanes que, entre otras cosas, exigían un reconocimiento al derecho de la autodeterminación de Cataluña o el cuestionamiento de la monarquía.
Desde el 30 de abril España tiene un Gobierno en funciones y unos Presupuestos del año 2018. Los Presupuestos en vigor son los más longevos de la democracia española.Prácticamente,desde el año 2015 no se han podido llevar a cabo reformas estructurales de calado en España debido a la debilidad de los gobiernos que hemos tenido. Indudablemente, España necesita ya un Gobierno estable y sólido que le permita hacer afrontar los grandes retos que tenemos por delante. La compleja situación derivada de la guerra comercial en el contexto internacional, la situación en la Unión Europea, el conflicto territorial interno, el enfriamiento de la economía y sus efectos en el empleo y el bienestar de la gente, la preocupante situación de sostenibilidad del sistema de pensiones, el impulso a políticas garantes de la cohesión social o la promoción de medidas que ayuden a revitalizar nuestro Estado de Derecho son solo algunas de las cuestiones que hay que abordar lo antes posible.
Al PP de Pablo Casado le faltaron reflejos para anticiparse y proponer un apoyo al PSOE condicionado a la aceptación de los cuatro o cinco asuntos de Estado que figuran en su programa y que son compartidos por una mayoría de ciudadanos. Autodescartado el PP, solo quedan dos caminos: o vamos a unas terceras elecciones -que al parecer nadie quiere- o a un Gobierno nucleado por la coalición PSOE-Unidas Podemos, apoyado por una multiplicidad de formaciones políticas y dependiendo de Esquerra Republicana de Cataluña. A lo largo de las próximas semanas tendremos un Gobierno muy parecido al surgido tras la moción de censura a Rajoy, pero tendrá la vida que le quiera e interese dar Esquerra Republicana de Cataluña.
