El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha calificado de «insólita» la actuación de Puertos Canarios en el litigio por la prórroga de la concesión del puerto deportivo de Puerto Rico y ha reconocido el derecho del Ayuntamiento de Mogán a intervenir en un procedimiento que afecta directamente al futuro de esta infraestructura.
La resolución judicial cuestiona el cambio de postura del ente público autonómico durante la apelación, después de que hubiera defendido en primera instancia la legalidad de su actuación administrativa y se opusiera a las pretensiones de Puerto Rico S.A. Posteriormente, Puertos Canarios cuestionó determinados aspectos de una sentencia que, según el tribunal, le resultaba favorable.
La Sala considera que el organismo debía mantener la defensa de la resolución administrativa que había dictado y de los argumentos sostenidos durante la tramitación del expediente. En este sentido, reprocha a Puertos Canarios que intentara «atacar un pronunciamiento que le es objetivamente favorable y pedir un resultado incompatible con la postura procesal sostenida en la instancia».
Los magistrados concluyen que la entidad pública no actuó de forma coherente con su posición anterior y subrayan que «esto es lo que no ha hecho en esta alzada la entidad pública Puertos Canarios». La sentencia añade que lo señalado por la Sala «bastaría para dejar zanjada esta insólita cuestión».
Mogán podrá intervenir en el procedimiento
La resolución también reconoce el interés legítimo del Ayuntamiento de Mogán para participar en el litigio, frente a los argumentos que cuestionaban su intervención. El tribunal considera que la Administración local tiene derecho a intervenir en un asunto con consecuencias directas para el municipio y para el futuro de las instalaciones portuarias.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, considera que el pronunciamiento judicial confirma las contradicciones que el Consistorio ha denunciado durante el procedimiento.
«No es normal que una administración pública defienda una postura, obtenga una sentencia favorable en primera instancia y después intente cuestionar esa misma sentencia», afirma Bueno, quien considera que resulta difícil encontrar un precedente similar.
La regidora sostiene que la resolución judicial evidencia una forma de actuar injustificable y cuestiona que Puertos Canarios haya mantenido posiciones diferentes a lo largo del litigio. «Lo verdaderamente insólito es que haya tenido que ser el propio TSJC quien le recuerde a Puertos Canarios cuál era su papel en este procedimiento. No lo dice el Ayuntamiento de Mogán, lo dice una sentencia judicial», señala.
Bueno reclama responsabilidades
La alcaldesa vincula este pronunciamiento con otros hechos relacionados con la prórroga de la concesión del puerto de Puerto Rico y con el procedimiento relativo al puerto de Mogán.
En este contexto, Bueno ha solicitado al presidente del Gobierno de Canarias y al responsable de Puertos Canarios el cese del director gerente del ente público, José Gilberto Moreno Gil, y del secretario del Consejo de Administración y director administrativo, Enrique Wiot.
La regidora considera que las actuaciones cuestionadas por el tribunal deben tener consecuencias y reclama que se asuman responsabilidades. «Cuando una sentencia tiene que corregir de esta manera la actuación de una entidad pública, por ir en contra de sus propias resoluciones y de los intereses generales que tiene la obligación de defender, alguien tiene que asumir responsabilidades», concluye.
