Esta semana hemos dado un paso más, hemos avanzado en el objetivo de que los puestos de trabajo que se generan en las Islas sean preferentemente para la gente de aquí, para quienes han nacido o viven en Canarias.
Este objetivo, que tanto molesta a alguna fuerza política, está cada día más cerca. Estamos más cerca de conseguir lo que siempre he defendido como algo justo y necesario, que el trabajo sea para los residentes. O, dicho de otra manera: el trabajo, primero para la gente de aquí.
Días pasados se dio a conocer el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Canarias y las patronales turísticas para revisar la oferta formativa del Servicio Canario de Empleo, con el fin de adaptar esa oferta educativa a las necesidades concretas de nuestro principal sector económico.
Esta iniciativa constituye, efectivamente, un paso más en el objetivo de desarrollar una estrategia de trabajo conjunta que redunde en una mejora de la competitividad del sector turístico canario, al tiempo que incremente la cualificación de los trabajadores y fomente la contratación de mano de obra isleña.
El acuerdo, por tanto, no ha de verse como un episodio aislado, sino que debe ser contextualizado en la acción del Gobierno de Canarias por favorecer la contratación laboral de residentes.
Hasta tal punto llega nuestro compromiso en este asunto que en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para este mismo año ya se recoge la obligatoriedad de que las empresas adjudicatarias de concursos públicos o beneficiarias de subvenciones contraten a parados que lleven al menos seis meses inscritos en el Servicio Canario de Empleo.
No resultará ocioso recordar que una de las disposiciones adicionales de la Ley presupuestaria (la número 47) señala textualmente que “los pliegos de cláusulas administrativas particulares que rijan las licitaciones de contratación del sector público autonómico exigirán que, cuando la actividad a realizar requiera contratar personal, este sea contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo con, al menos, seis meses de antigüedad a la fecha efectiva de la contratación en las oficinas del SCE”.
La Disposición se justifica, entre otras razones, en “atención a la dimensión ultraperiférica de las Islas Canarias, a su particular situación estructural social y económica reconocida en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y de acuerdo con el contenido de la Comunicación de la Comisión Europea de 20 de junio de 2012 sobre las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea: hacia una asociación en pos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador”.
Este asunto no resulta en absoluto baladí, porque frente a las voces que aventuraban el fracaso de cualquier iniciativa consistente en primar la residencia, el Consejo Económico y Social Europeo (CESE) avaló en uno de sus últimos dictámenes la contratación laboral preferente de residentes canarios. Es más, el CESE ha solicitado al Gobierno comunitario que incluya en su propia legislación la posibilidad de primar en las regiones ultraperiféricas la contratación de trabajadores locales como criterio de adjudicación en los contratos públicos.
A la vista está, la presión sobre el mercado laboral canario hace muy difícil crear empleo neto. Por eso, si de luchar contra el altísimo nivel de paro en las Islas se trata, se ha de contar necesariamente con medidas que favorezcan que los puestos de trabajo que se creen en el Archipiélago sean para canarios -nacidos en las Islas o los que aquí residen-.
Adaptar la oferta formativa del Servicio Canario de Empleo redundará en una mejor cualificación de nuestra mano de obra y favorecerá su contratación por cuanto se conseguirá una respuesta más adecuada a las demandas de las empresas.
En suma, seguimos avanzando para alcanzar un objetivo que hace unos meses muchos despreciaban y que hoy cuenta con el respaldo de órganos consultivos de carácter europeo. Sobra decir que seguiremos en esa línea.
