El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Gustavo Santana ha denunciado este miércoles en el Parlamento de Canarias la inseguridad jurídica que, según ha señalado, afecta a más de 17.000 personas que residen en viviendas situadas en zonas turísticas del Archipiélago. Santana ha defendido una proposición de ley del PSOE para modificar la normativa turística y de vivienda vacacional, una iniciativa cuya toma en consideración ha sido rechazada por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP).
La propuesta socialista pretende proteger a los propietarios que residen legalmente en sus viviendas y poner fin a las sanciones que afrontan por utilizar sus inmuebles como residencia habitual. Durante su intervención, Santana ha reclamado a los grupos parlamentarios que permitan abrir el debate sobre una problemática que, según ha recordado, lleva toda la legislatura pendiente de solución.
El diputado ha criticado que hace más de tres años se rechazara la tramitación de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 22.000 firmas, con el argumento de que el Gobierno autonómico aprobaría una nueva ley turística. Santana sostiene que esa norma no llegará y considera que la iniciativa socialista ofrecía una oportunidad para resolver la situación de miles de familias.
Una propuesta para aclarar la normativa
La proposición de ley plantea incorporar las definiciones de «establecimiento turístico» y «unidad alojativa», además de aclarar la disposición transitoria séptima de la Ley de Modernización y Renovación Turística de Canarias. También contempla impulsar un procedimiento para poner fin a las sanciones que afectan a los residentes.
Santana ha asegurado que un informe de Política Territorial reconoce la existencia de un vacío legal perjudicial para los propietarios, relacionado con la falta de especialización de los usos del suelo en determinados municipios.
El diputado socialista ha cuestionado los argumentos utilizados por CC y PP para rechazar la iniciativa y ha rechazado que una ordenanza municipal de San Bartolomé de Tirajana pueda resolver un problema que afecta también a residentes de municipios como Valle Gran Rey, Arona, Puerto de la Cruz y Teguise.
A su juicio, la solución debe ofrecer una respuesta para todo el Archipiélago y no limitarse a la regulación de un solo municipio.
Críticas al decreto turístico del Gobierno
El parlamentario ha centrado parte de su intervención en el decreto ley que prepara la Consejería de Turismo, cuya elaboración ha criticado por la falta de consenso y de información a los grupos de la oposición.
«El Gobierno prepara un decretazo latifundista, sin consenso, para dar el poder a los explotadores turísticos», ha afirmado Santana, quien teme que la reforma refuerce la capacidad de los operadores turísticos para condicionar la situación de viviendas cuyos propietarios residen en ellas.
El diputado también ha cuestionado que el Ejecutivo pretenda modificar la regulación de la unidad de explotación turística mientras el Tribunal Supremo tiene pendiente pronunciarse sobre la legalidad de que un explotador administre viviendas cuyos propietarios las utilizan como residencia.
Por ello, ha reclamado al Gobierno de Canarias que explique la urgencia de esta modificación y ha defendido que se tenga en cuenta el pronunciamiento judicial antes de avanzar en una reforma que, según advierte, podría perjudicar a los afectados.
Santana exige cumplir los compromisos con los afectados
El representante socialista ha recordado a Coalición Canaria el compromiso adquirido con la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) durante las elecciones municipales y autonómicas de 2023 para buscar una solución al conflicto.
Santana ha señalado al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; al consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, y a Alejandro Marichal, como firmantes de aquel acuerdo, y les ha exigido que cumplan lo prometido.
Asimismo, ha cuestionado que desde la Consejería de Vivienda se alegue falta de competencias para informar sobre la iniciativa, pese a la repercusión que tiene el problema para miles de residentes.
Santana ha insistido en que admitir a trámite la proposición socialista no significaría aprobar definitivamente la ley, sino permitir que comience su debate parlamentario y que los grupos puedan presentar aportaciones para alcanzar una solución consensuada.
El diputado ha apelado finalmente a la responsabilidad de CC y PP y ha defendido que abrir el debate constituye una vía para avanzar hacia una respuesta legal para las familias afectadas.
