El PSOE de Mogán considera que la sentencia conocida hoy sobre la denominada tasa turística confirma lo que la oposición denunció desde el primer momento: la iniciativa impulsada por la alcaldesa nunca fue una medida sería de gestión, sino una propuesta improvisada y concebida para generar impacto político antes que para resolver los desafíos del municipio.
Los socialistas recuerdan que el Grupo de Gobierno optó por presentar como una solución estructural una medida que carecía de la necesaria solidez jurídica y que no explicaba con claridad qué servicio concreto se pretendía financiar, quién debía prestarlo ni bajo qué competencias municipales se sustentaba. "Se priorizó el titular frente al rigor, la planificación y la seguridad jurídica que exige cualquier decisión en materia fiscal", señalan.
El PSOE de Mogán recuerda que "siempre ha estado de acuerdo con que el turista pague para compensar el efecto sobre el entorno, pero eso se debe canalizar a través de un impuesto y quien tiene la competencia para hacerlo es el Gobierno de Canarias, no el Ayuntamiento a través de una tasa".
Desde el inicio de la tramitación, el PSOE de Mogán advirtió de que no era posible utilizar una cuestión tan sensible como la fiscalidad local como herramienta de propaganda política. "Cuando se gobierna desde la improvisación, el resultado es el que hoy conocemos: recursos judiciales, inseguridad jurídica y un importante deterioro de la credibilidad institucional", destacan.
Para los socialistas, la alcaldesa quiso presentar la iniciativa como un ejercicio de valentía política cuando, en realidad, el tiempo ha demostrado que se trataba de una medida mal planteada, generadora de conflicto y expuesta desde el principio a ser cuestionada por los tribunales.
El PSOE de Mogán lamenta que las consecuencias de esta estrategia las termine pagando el conjunto de la ciudadanía. "Mogán necesitaba una propuesta seria, construida con consenso, respaldo jurídico y capacidad para afrontar los retos derivados de la actividad turística. En lugar de eso, se optó por una ocurrencia que ha acabado poniendo en cuestión la imagen institucional del Ayuntamiento".
"Hoy sabemos que no se trataba solo de una discrepancia política. La propia sentencia evidencia que la medida carecía de una justificación suficiente para sostenerse jurídicamente. Cuando un gobierno antepone el impacto mediático al rigor técnico, el resultado es el que hoy conoce todo el municipio: una ordenanza desacreditada por los tribunales, inseguridad jurídica y un nuevo revés para la credibilidad de la alcaldesa".
El PSOE de Mogán concluye que esta sentencia debe servir como lección de que gobernar exige responsabilidad, planificación y respeto por la legalidad. "Las campañas permanentes pueden generar titulares durante unos días, pero no solucionan los problemas de las vecinas y vecinos. La buena gestión se construye con rigor, no con improvisación".
