El PSOE acusa a CC y PP de bloquear una solución para los 70.000 afectados por la Ley Turística

REDACCIÓN (06-11-2026)

El PSOE acusa a CC y PP de bloquear una solución para los 70.000 afectados por la Ley Turística

El secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha exigido este viernes al Gobierno autonómico, integrado por Coalición Canaria y Partido Popular, que alcance una solución consensuada al conflicto del uso residencial de viviendas situadas en zonas turísticas, una problemática que, según el dirigente socialista, afecta a no menos de 70.000 personas en el archipiélago.

Torres realizó estas declaraciones después de mantener un encuentro con la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), Maribe Doreste, en el que también participó la vicesecretaria y portavoz socialista, Elena Máñez.

Durante la reunión se abordó la situación de miles de familias que residen de manera habitual en inmuebles ubicados en suelo turístico y que reclaman seguridad jurídica para continuar viviendo en sus hogares.

“Estamos hablando de no menos de 70.000 personas afectadas, familias que lo que quieren es vivir en su casa, mantener su vivienda y seguir con lo que ha sido su vida durante todo este tiempo”, manifestó Torres, quien defendió que el derecho a la vivienda debe situarse en el centro de cualquier respuesta institucional.

Torres advierte contra un decreto ley sin consenso

El dirigente socialista criticó la actuación del Ejecutivo autonómico y recordó que una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 20.000 firmas no prosperó, después de que el Gobierno argumentara que abordaría esta problemática mediante una nueva ley turística.

“Ni ha habido una ley de turismo ni va a haberla”, afirmó Torres, quien reprochó a Coalición Canaria y Partido Popular que hayan rechazado las iniciativas parlamentarias presentadas por el Grupo Socialista para buscar una solución.

En relación con la posibilidad de que el Gobierno canario impulse ahora un decreto ley, Torres advirtió de que cualquier propuesta debe negociarse previamente con los colectivos afectados y las fuerzas políticas.

“Si no está consensuado, si no está acordado con la plataforma, con los grupos políticos, que no se lleve al Parlamento de Canarias. Esta cuestión se tiene que hacer desde el consenso”, insistió.

El secretario general socialista defendió la importancia estratégica del turismo para la economía del archipiélago, pero sostuvo que la protección de esta actividad no puede comprometer los derechos de quienes llevan años residiendo en zonas turísticas.

“El turismo no puede ser a costa de la vivienda, no puede ser a costa del bienestar de los canarios y de las canarias”, señaló.

El PSOE cuestiona las sanciones a los residentes

Otro de los asuntos abordados fue la imposición de sanciones relacionadas con el uso residencial de inmuebles turísticos.

Torres responsabilizó políticamente de estas actuaciones al actual Ejecutivo autonómico y señaló directamente a la consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, del Partido Popular.

“En el gobierno anterior, que yo tuve el honor de presidir, no se firmó ninguna sanción; se han firmado todas en la presente legislatura”, aseguró.

El dirigente socialista utilizó este argumento para cuestionar la gestión del Gobierno de Canarias y reclamar una respuesta que proporcione seguridad jurídica a las familias afectadas.

La PALT trasladará sus reivindicaciones a la ministra de Vivienda

Tras el encuentro con Maribe Doreste, Torres anunció que atenderá la petición de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística para facilitar una reunión con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

El objetivo es trasladar al Gobierno de España la situación de los residentes en zonas turísticas y explorar posibles vías de colaboración institucional que contribuyan a resolver el conflicto.

El secretario general del PSOE Canarias reiteró que su formación está dispuesta a participar en las negociaciones para alcanzar una solución que compatibilice la actividad turística con el derecho de los ciudadanos a mantener sus viviendas habituales.

“Tendemos la mano al diálogo, al consenso y al acuerdo”, concluyó Torres, insistiendo en que cualquier modificación normativa debe contar con la participación de los afectados y el mayor respaldo político posible.

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