El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó en su reunión de hoy establecer un límite de gasto no financiero en los Presupuestos autonómicos del próximo año de 10.089,7 millones de euros, lo que supone 991,4 millones más que en 2022 y un crecimiento porcentual del 10,9%.
Los Presupuestos permitirán, de esta manera, mantener la intensidad en la prestación de los servicios públicos esenciales, especialmente condicionados por el impacto de la inflación; activar medidas de apoyo a los sectores más vulnerables, y contribuir a la dinamización de la economía canaria apostando por la inversión, tirando de la demanda y, por lo tanto, del empleo.
El incremento del gasto es posible, básicamente, por el crecimiento “excepcional” de los recursos que llegarán a Canarias del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), por importe de 1.246,4 millones de euros más que en el presente año: 703,4 millones de euros de incremento por la liquidación del año 2021 y 543 millones más por las cantidades a cuenta, en este caso para 2023. Estos aumentos ya estaban previstos en gran parte en el Plan y los Escenarios Presupuestarios para el trienio 2023-2025 aprobados por el Ejecutivo autónomo en abril de este año.
El acuerdo adoptado por el Gobierno señala, en todo caso y a la vista de las recomendaciones efectuadas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que los Presupuestos se confeccionarán “evitando incrementos de gasto o reducciones de ingresos con carácter estructural para no deteriorar las finanzas públicas a medio plazo”, un riesgo que se agudiza al estar suspendidas excepcionalmente las reglas fiscales.
Es decir, se trata de evitar la consolidación de gastos cuya financiación no esté garantizada cuando desaparezcan los flujos extraordinarios de ingresos esperados en estos próximos años y se reactiven las reglas fiscales.
Por lo que respecta a la previsión de ingresos tributarios del Bloque de Financiación Canaria (BFC) y ante las incertidumbres económicas existentes, la Dirección General de Planificación y Presupuestos ha optado por utilizar el escenario pesimista contenido en el informe de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno de Canarias del pasado mes de julio. Es decir, aquel que prevé un crecimiento del PIB real del 3,6%.
Además, a los importes excepcionales del SFA y de los ingresos fiscales propios se suman los recursos ordinarios de la Unión Europa (UE) y los fondos extraordinarios Next Generation EU, si bien estos se han calculado en función de lo garantizado a día de hoy, al momento de la aprobación del techo de gasto.
En este sentido, el Gobierno señala que “la elaboración de este límite de gasto, en cualquier caso, se ha efectuado bajo un escenario de incertidumbre, en el que todavía se mantienen en parte las medidas que se han tenido que adoptar para hacer frente a la pandemia del Covid-19, y ahora se añaden las consecuencias que la invasión de Ucrania por parte de Rusia está causando en el contexto geopolítico y económico, y sus efectos en términos inflacionarios sobre la economía europea a través de un alza de los precios sin precedentes en energía, materias primas y alimentos”, que afecta no sólo a las familias y empresas, sino al sector público.
El límite de gasto no financiero se establece, además, con las reglas fiscales suspendidas, pero se mantiene la obligación del Período Medio de Pago a Proveedores (PMP) y la referencia de la tasa del déficit público para las comunidades autónomas que ha fijado el Gobierno central: el -0,3% del PIB, la mitad que en el año en curso.
