El presidente del Partido Popular (PP) de Gran Canaria, Carlos Sánchez, ha advertido de que las políticas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez están generando inseguridad jurídica y pueden reducir la oferta de alquiler, con el consiguiente incremento de los precios. El dirigente popular considera que esta situación resulta especialmente preocupante en Canarias y defiende que la solución pasa por construir más viviendas y recuperar la confianza de los propietarios.
Sánchez ha cuestionado la decisión del Ejecutivo estatal de volver a impulsar, a través de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, los dos decretos de vivienda cuya convalidación fue rechazada por el Pleno el pasado 2 de octubre. A su juicio, se trata de un nuevo intento de sacar adelante medidas que no han logrado el respaldo parlamentario y que, según sostiene, podrían agravar los problemas de acceso a la vivienda.
El presidente insular del PP considera que la protección de las familias vulnerables debe recaer en las administraciones públicas y no trasladarse a los pequeños propietarios. En este sentido, ha defendido la necesidad de diferenciar entre las personas que atraviesan dificultades económicas y necesitan apoyo institucional y los casos de ocupación ilegal de viviendas.
Sánchez también ha reclamado procedimientos más ágiles para recuperar los inmuebles ocupados ilegalmente y ha defendido la propuesta legislativa del PP para facilitar los desalojos en un plazo de 48 horas. Según su planteamiento, reforzar la seguridad jurídica es una condición necesaria para que más propietarios se animen a incorporar sus viviendas al mercado del alquiler.
El PP alerta de la retirada de viviendas del alquiler
El dirigente popular sostiene que las medidas regulatorias están contribuyendo a que parte de la oferta desaparezca del mercado residencial. En este sentido, ha señalado que, según sus estimaciones, más de 4.200 viviendas han dejado de ofrecerse en el alquiler convencional en España desde el anuncio de los últimos decretos.
Sánchez ha subrayado que en Canarias muchos propietarios son familias que adquirieron una segunda vivienda con sus ahorros y que recurren al alquiler para complementar sus ingresos o pensiones. Por ello, ha reclamado condiciones que favorezcan la puesta en el mercado de inmuebles actualmente vacíos, sin renunciar a la protección pública de las personas en situación de vulnerabilidad.
Durante sus declaraciones, también ha criticado la gestión de las administraciones ante los problemas de acceso a la vivienda y ha aludido al desahucio de una mujer y sus dos hijos menores ejecutado en Las Palmas de Gran Canaria.
La Isla necesita unas 10.000 viviendas
Carlos Sánchez ha situado en torno a las 10.000 viviendas las necesidades residenciales de Gran Canaria y ha defendido que aumentar la oferta, tanto pública como privada, es imprescindible para abordar el problema a medio y largo plazo.
El presidente insular del PP ha apostado por la colaboración público-privada para acelerar la construcción de nuevas promociones y ha reclamado actualizar los módulos económicos de la vivienda protegida para adaptarlos a los costes reales de construcción.
A su juicio, si los precios reconocidos por la normativa no permiten cubrir los costes de ejecución, será difícil incentivar la participación de promotores privados en el desarrollo de vivienda asequible.
Sánchez ha insistido en que incrementar la oferta requiere planificación, inversión y agilidad administrativa, además de un equilibrio entre la protección del territorio y las necesidades residenciales de la población. El dirigente popular ha advertido de que la falta de viviendas asequibles puede obligar a muchas personas, especialmente a los jóvenes, a abandonar sus municipios.
