El pasado 13 de junio en la sede de la RSEAPGC, la “Fundación ¿Hay Derecho?” celebró una conferencia sobre la situación actual de la Administración de Justicia en España. Estuvo a cargo de la jurista Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, con algún antepasado canario, presentando el libro “¿Hay Derecho?”, que junto con otras especialistas han publicado bajo el seudónimo colectivo de Sansón Carrasco, el nombre del Bachiller citado en El Quijote.
Muchas reflexiones e ideas, más bien expresiones de desencanto y desesperación, se desgranaron en esta conferencia y durante el animado coloquio posterior. La sinopsis del libro presentado, publicado por editorial Península, dice que es la “Crónica de la descomposición del Estado de derecho en España... ¿Es España de verdad un Estado de derecho?... La justicia, sus protagonistas y las instituciones judiciales, ¿son las que nos merecemos?”.
Con todos los matices, ítem más que escriben los jueces en sus sentencias, señala como culpable fundamental de la evidente descomposición y desprestigio actual de la Administración de Justicia en España, “El poder político ha colonizado las instituciones que lo debían controlar”. A mi entender y hablando en lenguaje mas llano, son las cúpulas de los partidos políticos las que han secuestrado y sometido, colonizado en el sentido más peyorativo del término, a la Justicia hasta hacerla irreconocible e inservible como virtud y como último amparo ciudadano contra la tiranía. La han ahogado bajo siniestros y obsoletos procedimientos dictados por el derecho que esos partidos perpetran en los parlamentos y en ejecutivos. En suma Montesquieu enterrado boca abajo, por si se le ocurriera resucitar.
Por si hubiera duda de que ayer se escribe sin hache y hoy con ella, cabe recordar lo prometido por el que fuera Ministro de Justicia, Ruiz Gallardón tomado del programa del PP, que querían acabar con el “obsceno espectáculo de unos políticos eligiendo a los jueces que los podían juzgar”. Dicho y mentido a gusto: pactaron todos los partidos olvidarlo.
Como cosa de principios, más que de lenguaje, muchos desearíamos vivir en un Estado de Justicia, mejor que en un Estado de Derecho. Como muy bien señala Hayek, para que las leyes sean justas y democráticas, deben ser generales. Pero muchas leyes se aprueban, sobre todo en los parlamentos autonómicos, contra alguien siguiendo intereses de lo que los políticos liberticidas suelen denominar “colectivos” o las consignas políticamente correctas que en la práctica son un “escrache” contra el sentido común. Y cuanto más se legisla así, coartando la libre conciencia del parlamentario, más se aleja la Justicia del derecho.
Es sencillamente aterrador y totalitario, al más puro estilo del pajarito que le habla a Maduro, oír dictar doctrina a Monedero que “Jueces y guardias civiles están en Podemos para encarcelar a los sinvergüenzas del PP”. A estos sectarios profesores de la “Complu”, no les interesa la corrupción o el delito en sentido genérico, lo cometa quien lo cometa, sólo son culpables si son del PP, que comenten entonces un crimen contra la humanidad. Esa filosofía demagógica y populista, coloca al Estado de Derecho y a la seguridad jurídica al borde del abismo, por aceptar como racional que jueces y guardias civiles “estén” en Podemos y no sean formalmente libres en busca de la Justicia.
Los nuevos aspirantes a sueldos públicos podemitas están repasando aquel método Assimil para aprender inglés que empezaba “My taylor is rich” porque, si ya no lo es, pronto lo será pues harán falta muchos sastres para tanto cambio de chaqueta que se avecina.
