Tal como se comentó en la primera parte de este artículo, convendría aclarar de alguna forma la confusión entre voz y voto en el sistema político vigente, es decir distinguir entre el democrático derecho a opinar de cualquier parlamentario, tener voz, y que el valor de esa opinión, expresada en forma de voto, sea igual para todos los representantes políticos.
Aunque ya muchos habíamos planteado esta preocupación, sobre todo bajo el recuerdo de situaciones de difícil digestión acaecidas en el Parlamento de Canarias, un grupo de profesores especialistas en derecho y ciencias políticas elaboraron una propuesta para fijar el valor del voto para cada uno de los representantes electos. Aunque habría que leer el informe completo, por los resúmenes publicados, la idea básica es que una persona no es un voto, sino que cada representante tendría tantos como hubiera sido el número de electores que lo votaron. Con los actuales equipos informáticos, el recuento es igual de fácil que por el sistema actual.
Para fijar ese valor del voto habría que contemplar otros aspectos del sistema electoral. Si continuara la vigente forma de hacer la “afijación” de candidatos electos mediante la fórmula D'Hondt, así llaman los especialistas a la forma de asignar escaños por votos, los pesos relativos de los sufragios asignados a cada electo dependerían mucho del orden en la lista que presentan los partidos y no de la voluntad expresa de los electores. Un sistema mucho más equitativo, a mi entender, sería que los ciudadanos pudiéramos elegir directamente a los candidatos que se presenten libremente a las elecciones y no tener que votar obligatoriamente listas, ni abiertas ni cerradas. Sólo así sería posible saber con precisión que respaldo social tiene cada elegido, sin que esa cuestión fundamental venga precocinada en oscuros y opacos cenáculos por grupos de presión, nomenclaturas o cúpulas de los partidos políticos.
En cualquier caso, lo que esperaría en estos momentos de un “Pacto para la Democracia” no es reformar el sistema electoral, que aunque importante, no es a mi entender lo más urgente, salvo para los propios interesados. Esperaría como agua de mayo, que se dieran pasos significativos y no pura palabrería o gestos teatrales para los medios de comunicación, en relación con la lucha contra la corrupción imperante y transversal a todos los centros públicos de decisión. Sólo se corrompe quien quiere y quien puede hacerlo, si tiene capacidad de manejar y tomar decisiones sobre el presupuesto. El resto, a lo sumo, está en lista de espera.
Probablemente, la única forma de reducir la lacra de la corrupción tenga tres frentes abiertos. Uno, acotar drásticamente las oportunidades de corromperse. Otro, hacer que la justicia funcione con celeridad cuando sea menester para ser ejemplar y, sobre todo, ejemplarizante para quizás disuadir a los que estén en el ámbito de la tentación y la oportunidad. Y el tercero, eliminar al máximo las leyes y regulaciones excesivas, cuando no favorecedoras de los intereses de unos en detrimento irracional de otros. La discrecionalidad al dictarlas y al aplicarlas en una puerta abierta a la corrupción para administrados y administradores.
Pero tampoco hay que engañarse, los políticos no son más corruptos que la sociedad en la que viven. España es un país de Rinconetes y Cortadillos, cuyos ciudadanos vemos con cierta simpatía a los trasgresores. Desde la nimiedad de no recriminar socialmente a los que roban, por ejemplo el cenicero en un bar o una toalla en un hotel, como tampoco a los grandes mangantes, que acaban visitando los platós de ciertas televisiones empeñadas en institucionalizar el relativismo moral. Todos tenemos una buena ración de responsabilidad.
