Como muy bien decía, o insinuaba, el Ingeniero Industrial canario José Cabrera Rodríguez en su magnífica conferencia explicando el novedoso concepto desarrollado en su libro “Redarquía”, las relaciones interpersonales, sociales e institucionales tienen necesariamente que adquirir mucho mayor protagonismo y transparencia dentro de esa nueva forma de relacionarse e intercambiar información que son las redes sociales. La conferencia tuvo lugar en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, supongo que federado o confederado con su equivalente de la zona occidental, al estilo neoconstitucional propuesto, es un decir pues no se sabe muy bien qué propone el cabecilla del PSOE Pedro Sánchez.
De ahí que de la inicial forma de entender y ejercer el poder que fue la monarquía, absoluta y parlamentaria, a la hoy muy extendida, demasiado para mi gusto, oligarquía de los aparatos sectarios de los partidos políticos, se esté implantándose por la vía del pragmatismo esa más popular “redarquía”, opinión difusa no contrastada en las redes sociales, que ha tenido expresiones notorias en la mal llamada “primavera árabe” y en el carpetovetónico “podemos”, cuyo antecedente quizás más cercano fue aquel rubalcabiano sms del “pásalo” para incitar al cerco de las sedes del PP en víspera de las elecciones generales del 2004.
Los organismos públicos muchas veces se ven paralizados, o como mínimo aletargados, por reacciones y opiniones vertidas en esas redes sociales y por la cantidad de los mensajes, twitteados y retwiteados o guasapeados por centenares de miles ante cualquier alarma que se produzca, sea fundamentada o no, con presunta repercusión electoral. Y con esa consistencia intelectual, muchos políticos toman o posponen decisiones, más preocupados por su carrera profesional que por el servicio a los ciudadanos que prometieron hacer. Es el caso de los organismos de Medio Ambiente, que suelen aletargarse por años ante asuntos que deberían resolver con prontitud. Usan un reloj de arena, pero olvidan darle la vuelta en su momento.
Se pueden citar muchísimos ejemplos, sobre todo de paralización sin razón científica de iniciativas empresariales porque algún grupo o grupúsculo gritara consignas en su contra. El estado de derecho y el progreso razonable y sostenible, entraban en un estado de somnolencia profunda y prolongada. Un ejemplo, a mi entender inexplicable, podría ser la ausencia de urinarios públicos en las Playas de Maspalomas y del Inglés, según tengo entendido, porque Medio Ambiente aún no ha decidido de que modelos han de ser, aunque no le importe que los usuarios de las playas utilicen el clásico “hacer olitas” en la orilla. Otro ejemplo, de efectos demoledores para la imagen turística, es el no autorizar la instalación en tiempo y forma de una pasarela provisional que permita a los turistas ir de Meloneras a Maspalomas sin necesidad de vadear, con el agua hasta el cuello y la ropa como un hatillo en la cabeza, el lodazal mugriento que une la Charca con el mar cuando llegan las lluvias invernales.
Ítem más. Soñando con su peculiar protección del Medio Ambiente, el Gobierno de Canarias toma iniciativas antiprospecciones, como mínimo pintorescas. A pesar de que todos los informes medioambientales han resultado favorables a las prospecciones, Paulino Rivero sigue considerando que autorizarlas fue “arbitrario” y perseguible penalmente. Se basa en el Artículo 9.2 de la Constitución que prohíbe “la arbitrariedad de los poderes públicos”. Para ello se gasta nuestro dinero contratando a un asesor externo, al parecer exmagistrado del TS. Se supone que tan excelso jurista le haya explicado lo arriesgado que es escupir hacia arriba sin que te acabe cayendo en la cara y que la arbitrariedad no resulte ser de quien el se imagina y odia sino suya. Al final, gane quien gane, perderemos los ciudadanos pagando la minuta
