Las políticas sociales antidemocráticas y las directrices económicas empobrecedoras siguen imponiéndose en los Estados asociados de la Unión Europea. Muy a pesar de las severas consecuencias en las instituciones públicas nacionales y en sus ciudadanías y de la masiva destrucción de riqueza y empleos que provocan. Solo a beneficio de la dictadura de “los mercados” –los poderes financieros y empresariales transnacionales-, las direcciones en las administraciones estatales y en las organizaciones multinacionales, perseveran en sacrificar los derechos políticos, sociales y económicos generales. A despecho de la condición soberana de las comunidades y del mero sentido común que se expresan en la necesidad de, sin más dilaciones, proceder a regenerar las instituciones democráticas y a reconstruir las economías internas.
El politólogo M. Duverger utilizó la imagen de Jano, el dios latino de doble cara, para expresar la característica dual del poder político instituido, por ser “a la vez, el instrumento de dominación de ciertas clases sobre otras (…) y un medio de asegurar un cierto orden social, una cierta integración de todos en la colectividad para el bien común”. En estos momentos, su metafórica frente muestra solo el rostro del dominio de las élites sobre el conjunto de las sociedades. Este es el aspecto más crudo del poder jerárquico, el privilegio, las prebendas y la impunidad de unos pocos en mandar sobre los demás y acaparar la riqueza general sin responsabilidades sociales.
El reciente desvelamiento del enorme fraude global detectado en diez de los paraísos fiscales del mundo, es una precisa muestra de la catadura cívica y legal de los más poderosos y ricos: múltiples operaciones financieras irregulares en 170 países; unas120.000 empresas creadas para esos fines; y más de 140.000 personas -políticos, celebridades, traficantes de armas y drogas, oligarcas, financieros- descubiertas. Y, significativamente, son las democracias avanzadas occidentales las más afectadas por esta delincuencia masiva de “los de arriba”. Pues, según estudios recientes -como el de la Tax Justice Network- en las más de 80 “jurisdicciones secretas” que existen consentidas por el derecho internacional se ocultan unos 32 billones de dólares. No más que 91.000 personas, una milésima de la población mundial, poseen el 50% del total ocultado. El resto, sería propiedad de “personas jurídicas”, incluidas el 80% de las empresas “españolas” del Ibex 35, que tienen filiales en dichos “edenes”. Son los 50 bancos privados más poderosos los que llevan la gestión de la mitad de estos ingentes caudales opacos. En fin, ya lo dijo Lord Acton: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
Con todo, el otro rostro del poder institucional es el legítimo, el que siguiendo un anhelo democratizador intenta profundizar en la libertad, la igualdad y la solidaridad generales, armonizándolas. Y que, de cuando en cuando, logra poner coto a los desmanes tiránicos haciendo prevalecer la justicia humanitaria de forma, cada vez, más resolutiva. Muestra de ello es que en Portugal, la semana pasada, su tribunal constitucional ha invalidado los recortes en las pensiones y en los salarios de los empleados públicos decididos por el Gobierno. Y es que, si existe un Estado de derecho y una Carta Magna democrática, no hay soberanía pequeña.
Al Goliat neoliberal de Europa le acaban de pegar una pedrada -legítima, constitucional y soberana- en toda la frente. No será la única, pues en el Reino de España, por motivos similares, varios recursos de inconstitucionalidad están a la espera de respuesta.
Xavier Aparici Gisbert, filósofo y emprendedor social
