El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha solicitado hoy a la Delegación del Gobierno que convoque con carácter urgente, antes del 1 de febrero, el grupo de trabajo técnico sobre menores con medidas judiciales, tal y como se acordó en la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial en octubre de 2025 y en la Junta de Seguridad entre el Ministerio y el Gobierno de Canarias celebrada en enero de 2019.
Para la Consejería, la constitución del grupo técnico antes del 1 de febrero permitiría fortalecer la coordinación entre ambas administraciones para avanzar en la gestión de estos traslados sin generar incertidumbre, ya que cualquier decisión en el traspaso de competencias debe ser consensuada y primar el interés superior del menor y la seguridad jurídica. La Consejería demanda que se cree este grupo de trabajo que se acordó hace siete años como el instrumento para planificar las actuaciones y elevar propuestas a la Junta de Seguridad, desde un enfoque de colaboración institucional y dialogo permanente entre las administraciones implicadas para garantizar la máxima eficacia en la prestación de este servicio.
Al respecto se hace constar que con esta solicitud, el Gobierno reclama el cumplimiento de los acuerdos previos adoptados en la Junta de Seguridad de Canarias de 2019, con la asistencia del ministro Marlaska y presidente del Gobierno de Canarias, donde ambas administraciones convinieron la creación de un grupo de trabajo liderado por la Delegación del Gobierno, con el objetivo de realizar un estudio pormenorizado de los recursos humanos y materiales necesarios por parte del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) para acometer el traspaso de esta función. Además, recuerda que la Comisión Provincial de Coordinación de Policía Judicial de 2025 ratificó, con el acuerdo unánime de los asistentes —incluyendo la Subdelegación del Gobierno—, la necesidad de impulsar este grupo técnico para abordar la situación y elevar propuestas a la Junta de Seguridad.
En el marco de cooperación y lealtad institucional, el Gobierno de Canarias solicita que se convoque este grupo de trabajo para establecer una hoja de ruta ordenada y eficaz.
