El Consejo de Gobierno se ha manifestado en contra de tramitar la Proposición de Ley 37 propuesta por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, como ya lo había hecho con las propuestas 33 y 34 de los grupos Podemos y Nueva Canarias, puesto que la Consejería, junto con otros organismos y agentes sociales y económicos, considera que es fundamental realizar la transición hacia la Renta Canaria de Inserción a través de la modificación de la PCI, tal y como se acordó en los XI Acuerdos de Concertación Social. En dicho acuerdo, consensuado con los agentes sociales y económicos del Archipiélago, se especifica que para hacer efectivo el derecho a una renta de ciudadanía, consagrado en el articulo 24 del vigente Estatuto de Autonomía de Canarias, y en el marco de la proyectada Ley de Servicios Sociales, debe llevarse a cabo la modificación de la PCI alineada con unos parámetros económicos y presupuestarios sostenibles en el marco de un escenario presupuestario plurianual. “Acudir a otros modelos más populistas sería romper los consensos a los que se llegó en los XI Acuerdos de Concertación Social entre administraciones, sindicatos y patronales”, aseguró la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
La propuesta de Nueva Canarias, en su articulo 4, propone dos modalidades: la renta básica de ciudadanía para la inclusión y protección social, dirigida a personas que no dispongan de ingresos suficientes procedentes de las rentas del trabajo o de pensiones contributivas o no contributivas; y la modalidad de “renta complementaria de ingresos procedentes del trabajo”, dirigida a complementar el nivel de ingresos de las unidades de convivencia, que aun disponiendo de rentas del trabajo, cuentan con un nivel mensual de ingresos que no alcanza el importe de la renta básica de ciudadanía establecida en la primera de las modalidades citadas.
Ademas, cuando no se trate de pensionistas, la primera de las modalidades se articularía como una prestación económica condicionada a la obligación de participar en actividades de inserción social o laboral. Las rentas complementarias de ingresos procedentes del trabajo quedara vinculada a un convenio de inclusión dirigido a la mejora de la situación laboral de la persona titular, o en su caso, de los demás miembros de la unidad familiar.
Tal y como se informó en su momento sobre las PPL 33 y 34, se estima que dar pasos en el sentido y alcance del citado articulo 24 del nuevo Estatuto de Autonomía, para articular el ejercicio del derecho hacia una renta ciudadana digna y que ofrezca salidas para las personas en situación de exclusión social, solo se puede hacer de manera progresiva y valorando que lo mas adecuado es la transición de la actual PCI hacia una Renta Canaria de Inclusión debido al impacto presupuestario, la complejidad del desarrollo normativo y la nueva instrucción de los procedimientos administrativos en la gestión y la ejecucion descentralizada y simplificada para tal finalidad, que demandan las Administraciones implicadas y la propia población afectada.
El objetivo que nos debemos plantear es hacer converger a Canarias en la media estatal del gasto social del resto del Estado en cinco años, yendo acompasadamente con su avance socioeconómico. Para posicionar a Canarias en el puesto número 9 de 19 posibles, en relación al porcentaje sostenible del PIB destinado al gasto en Servicios Sociales y Promoción Social, habría que aumentar el gasto en 302.502.985,00 € elevando la cifra a 638.145.986,67€, lo que supondria un incremento del 4´55% al 8,67% del presupuesto actual, un aumento del 0´75% al 1,43% del PIB actual de Canarias y elevar el gasto percapita a 294€, frente a los 154´23 € en estos momentos.
La Comisión parlamentaria que trabaja la ponencia de la nueva Ley de Servicios Sociales de Canarias en tramite parlamentario desde enero 2018, cuenta con iniciar una transición desde la Prestación Canaria de Inserción hacia una Renta Canaria de Inclusión, incorporando, desde ya, algunos aspectos prioritarios que se contienen en el Acuerdo del pasado mes de octubre de
2018 de la Mesa de Concertación Social.
“Estamos dando los pasos necesarios para que, de manera firme y gradual, contemos con una renta ciudadana digna y permanente en el tiempo, siempre que persistan las condiciones de exclusión en la familia. Por eso, hemos valorado que lo más apropiado es la transición de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que fue la mejor herramienta que tuvimos durante la recesión económica, a una Renta Canaria de Inclusión que dará estabilidad y sosiego a alrededor de 32.000 familias”, explica la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido. La responsable del área destaca, además, “el importante esfuerzo económico y de recursos humanos que esto supondrá” a medio plazo para la Comunidad Autónoma, que, con esta inversión y otras en materia de políticas sociales, se convertirá así en una de las nueve primeras comunidades con mejor cobertura social, mientras que, en cambio, su posición en el PIB per cápita se situará en el puesto 14 en el ámbito del Estado”.
En el año 2023, el presupuesto para la nueva prestación, que irá creciendo progresivamente, alcanzará los 130 millones de euros, más del doble del actual, que es de aproximadamente 62 millones, “si se contabiliza la inversión en ayudas, gastos de personal y programas de inserción.
Cobertura indefinida para familias en exclusión con menores a su cargo
En esta hoja de ruta que ya tiene preparada el Gobierno, el primer colectivo beneficiado será el de las familias con hijos a cargo y sin rentas. “Entendemos que se trata del colectivo más vulnerable entre los vulnerables”, argumenta Valido. “Así, los hogares con niños y sin ingresos permanecerán en el sistema, sin necesidad de renovar la prestación, en cuanto se apruebe la Ley de Servicios Sociales, que ya está en trámite parlamentario desde el 18 de enero de 2018, y que esperamos que se apruebe antes de mayo”, detalló la consejera.
Progresivamente, el Gobierno irá incorporando a la permanencia en el sistema a los demás colectivos que no dispongan de ingresos para su subsistencia, entre los que se encuentran las personas sin techo, los estudiantes de 18 a 25 años que formen parte de familias sin ingresos o las personas mayores de 65 años que aún no puedan tramitar una pensión.
Nuevos perfiles: trabajadores en precario
Una novedad demandada desde hace años -y que se recogerá en la Renta Canaria de Inclusión- es la incorporación, de forma excepcional, de la posibilidad de compatibilizar la ayuda con las pensiones de viudedad, si estas no alcanzan el mínimo del IPREM, cuya media está en la actualidad en 650,95 euros (depende del número de miembros de la unidad familiar).
En este apartado también se incluirán a las personas mayores de 65 años con pensiones distintas a las PNC o de la Seguridad Social que, como en el caso de las de viudedad, no alcancen el mínimo del IPREM.
La consejera destaca como nuevo colectivo compatible a los trabajadores en precario, es decir, a aquellos que tengan contratos de trabajo parciales por horas y que, como en los casos anteriores, sus ingresos no llegan al IPREM. De esta forma, “el Gobierno se hace eco de una nueva realidad heredera de esta crisis, la de los trabajadores en exclusión”.
“En definitiva -continua Valido-, con esta modificación y esta transformación de la Prestación de Inserción en Renta de Inclusión, el Gobierno prácticamente triplicará la cobertura actual, incluyendo nuevos colectivos y, sobre todo, garantizará la estabilidad. Esto quiere decir que permanecerá en el tiempo, si las circunstancias familiares o personales perduran; es lo realmente importante y lo que significa el gran cambio”.
Incremento de personal
Valido no es ajena a la necesidad de mejorar la cobertura de recursos humanos tanto en la administración local como en la autonómica y, en este sentido, explicó que durante este año y el siguiente “se garantizará la incorporación de personal a los servicios sociales municipales así como a los centros directivos implicados de la Comunidad Autónoma que comparten la gestión y ejecución de la actual PCI”. Para ello, también se tendrán que duplicar los créditos destinados a ello. En este sentido, se ha trabajado en coordinación con la FECAM también dentro de los acuerdos de concertación social.
Por último, y en cuanto a los cambios legislativos necesarios, Valido insistió en que “todo pasa por la aprobación en el Parlamento de Canarias de la Ley de Servicios Sociales, que ya se tramita desde el pasado 18 de enero, que dará lugar a las primeras modificaciones de la Ley de Prestación Canaria de Inserción que tiene un presupuesto aprobado de 56 millones de euros solo en ayudas económicas”, sin contar personal ni programas de inclusión.
