El Gobierno de Canarias ha presentado en el Parlamento el proyecto de reforma de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos, una iniciativa con la que pretende agilizar la planificación urbanística, facilitar la construcción de vivienda protegida y reforzar la protección ambiental del archipiélago.
El consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda, defendió durante el debate de primera lectura la necesidad de actualizar una normativa aprobada en 2017 para adaptarla a los actuales desafíos de Canarias, especialmente las dificultades de acceso a la vivienda, la presión territorial, el cambio climático y el crecimiento demográfico.
Entre las principales novedades, la reforma propone aprovechar mejor el suelo urbano ya transformado, favorecer la rehabilitación y renovación de las ciudades y reducir las cargas urbanísticas de las actuaciones destinadas a vivienda protegida.
El proyecto también contempla medidas para limitar la expansión urbanística, como elevar del 10% al 15% la cesión obligatoria de aprovechamiento a la comunidad y exigir que la clasificación de nuevo suelo urbanizable vaya acompañada de la desclasificación de una superficie equivalente.
Menos burocracia y mayor protección del territorio
La actualización normativa plantea reducir los plazos de emisión de informes, simplificar los procedimientos administrativos y agilizar la aprobación de los instrumentos de planeamiento. En determinados supuestos de cooperación entre administraciones, los plazos para emitir informes se reducirían a la mitad.
En materia de disciplina urbanística, la propuesta amplía de seis a nueve meses el plazo para resolver determinados procedimientos, extiende la vigencia de las medidas provisionales de quince días a un mes y eleva de 60 a 300 euros la sanción mínima.
Miranda recordó que más del 40% de la superficie de Canarias se encuentra bajo alguna figura de protección ambiental y defendió la necesidad de compatibilizar la conservación del territorio con los usos permitidos por la legislación.
La reforma es resultado de un proceso de participación iniciado en noviembre de 2023, con 17 encuentros celebrados en las islas y la intervención de más de 700 profesionales y expertos, incluidos técnicos municipales e insulares.
El Ejecutivo autonómico ha solicitado la tramitación urgente del proyecto para disponer cuanto antes de herramientas que permitan afrontar la emergencia habitacional y reducir los retrasos en la planificación urbanística.
Tras superar el debate de primera lectura, el texto continuará su recorrido parlamentario, durante el cual los grupos políticos podrán presentar enmiendas y propuestas de modificación antes de su eventual aprobación.
La documentación oficial del Gobierno de Canarias también recoge que la reforma contempla elevar hasta el 40% la reserva de suelo para vivienda pública en determinadas circunstancias y reducir aproximadamente un 30% los tiempos de tramitación de los instrumentos de ordenación. Estas medidas siguen siendo propuestas pendientes de aprobación parlamentaria.
