El Consejo de Gobierno ha acordado hoy, a instancia del Parlamento de Canarias, expresar su parecer favorable a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, para la regulación de las inversiones en elementos patrimoniales afectos a la actividad de arrendamiento de vivienda en las Islas Canarias.
Esta Proposición de Ley (PPL), aprobada por del Congreso de los Diputados, permite, entre otras cosas, que las cantidades dotadas en la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) se puedan invertir, manteniendo el beneficio fiscal, en bienes inmuebles situados en Canarias, siempre que se destinen, de modo novedoso, al arrendamiento de vivienda habitual. De esta manera se pretende ampliar la oferta de viviendas en el mercado de alquiler habitual y contribuir a paliar los problemas de escasez de vivienda en alquiler existentes en el archipiélago.
Por un lado, se incrementa la oferta de alquiler de viviendas de protección oficial para atenuar la situación de emergencia habitacional en la que se encuentran muchos canarios, que tienen mayoritariamente rentas bajas y, por tanto, son posibles demandantes de este tipo de viviendas. Además, con la eliminación de que la actividad de arrendamiento de viviendas protegidas tenga que realizarse exclusivamente por la sociedad promotora, se busca una mayor oferta de esta modalidad de arrendamiento, al permitir realizar esta actividad económica, sin perder el incentivo fiscal, a entidades que no se dediquen a la promoción de viviendas protegidas.
Y por otro lado, se incrementa también la oferta de alquiler de vivienda libre para aquellas familias que, por sus rentas, no pueden acceder a viviendas de protección oficial pero que tampoco disponen de renta suficiente para acceder a la vivienda libre, al menos mientras dure la situación de emergencia habitacional.
Con la expresión de su parecer favorable, el Consejo de Gobierno da así cumplimiento a la Mesa del Parlamento que, por acuerdo de 24 de junio, daba de plazo para remitir la postura del Gobierno hasta mañana martes, día 1 de julio.
En cualquier caso, el Gobierno ya manifestó su parecer favorable en sesión del pasado 10 de marzo de 2025, sin perjuicio de trasladar diversas correcciones técnicas, respecto del texto inicial.
El siguiente paso será la tramitación de la proposición de ley en el Senado, siendo previsible que, si se introducen enmiendas, se vuelva a solicitar el informe del Parlamento de Canarias, como paso previo a su aprobación definitiva en las Cortes. El Senado tiene de plazo para la tramitación y, en su caso, aprobación, hasta el 27 de octubre de 2025.
