Todo va a una velocidad de vértigo. Después de más de dos años oprimidos, limitados, preocupados y, en muchos caso, asustados por la crueldad con la que nos castigaba la pandemia, las calles, bares, restaurantes, cines, teatros, playas y demás espacio de ocio y diversión han recuperado el color y la vida. La sensación es que estamos viviendo una euforia en el gasto y el consumo que no se corresponde con las expectativas económicas que se dibujan en el corto plazo. En este ambiente expansivo en el gasto y en el consumo, casi nos hemos acostumbrado a escuchar y ver con una cierta normalidad las noticias sobre la llegada de inmigrantes a través del mar a las costas de las Islas. Los datos que casi diariamente vamos conociendo de la llegada de pateras y cayucos se acumulan sin cesar, y el drama humano crece y crece de forma imparable.
Cerraremos el año con un récord en la llegada de migrantes a nuestro archipiélago, más de 37.000, es decir la población total que suman los municipios de Tinajo (Lanzarote), Firgas (Gran Canaria), Antigua (Fuerteventura) y La Matanza de Acentejo (Tenerife).
De ellos, casi cinco mil son menores no acompañados. El fenómeno migratorio en el mundo no dejará de crecer mientras se sigan produciendo las diferencias en desarrollo y bienestar, especialmente entre zonas limítrofes. En el caso de Canarias, somos frontera marítima con una de las áreas más deprimidas del continente africano, por lo tanto no dejará de multiplicarse la llegada de personas que buscan describir el bienestar.
Ante esta cruda realidad, los distintos gobiernos españoles siempre han mirado para otro lado y todo empieza y termina en las buenas palabras y en huecas promesas que duran lo mismo que dura el trayecto península-Canarias.
Paralelamente, la Unión Europea se enreda en interminables debates que se alargan ya por ocho años sobre un nuevo marco jurídico que responda mejor a los retos de la inmigración y el asilo. Hasta ahora, nada de nada.
Por lo que respecta a los menores no acompañados, Canarias acoge a casi 5.000, es decir, un número similar a todos los habitantes del municipio de Valverde (El Hierro). Es inaudito que ante un problema de la magnitud de los que significa tener que acoger, formar y educar a estos chicos, el Gobierno de España se limite a invitar al resto de las comunidades autónomas a “echar una mano” a Canarias. Es prioritario y urgente que se presente una iniciativa en el Parlamento de España para modificar la actual ley y fijar que los menores no acompañados que lleguen a Canarias (u otra comunidad autónoma) se distribuyan con arreglo a algún criterio objetivo, por ejemplo, en proporción a su población.
Esta semana nos visitó Johansson, la Comisaria de la Comisión Europea, acompañada de los ministros españoles de Interior, Fernando Grande Marlaska; Inclusión Social y Migraciones, Elma Saiz; y Política Territorial, Ángel Victor Torres, quien vivió como presidente de la comunidad autónoma el inicio de esta nueva crisis migratoria. Faltó llevar a la Comisaria y a su séquito a dar una vuelta por lugares donde deambulan los migrantes, sin rumbo y con mucha frustración. Por ejemplo, por las carreteras de la Esperanza o las Canteras, en Tenerife.
Al parecer, la única política que el Gobierno español tiene para atender al fenómeno migratorio es la de ampliar los centros de acogida y retención. Prácticamente tienen abandonada la única vía que existe para evitar más muertes en el mar, la del trabajo en origen. La apuesta por impulsar planes de desarrollo en origen, la vía diplomática y el control en las salidas de cayucos y pateras está prácticamente abandonada. Sin duda, la solidaridad entre comunidades autónomas, el Gobierno de España y la Unión Europea son claves para afrontar uno de los desafíos más importantes de este siglo.
