La Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, que coordina Teodoro Sosa, ha decidido conceder este año 360.000 euros en ayudas a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro, para fomentar la participación ciudadana y fortalecer el movimiento asociativo. El Consejo de Gobierno Insular, en su sesión ordinaria de hoy, ha dado luz verde a la convocatoria de estas subvenciones.
A través de esta medida, que ha gestionado la unidad administrativa de la Dirección Insular de Participación Ciudadana de acuerdo con los objetivos y líneas de actuación establecidas en su Plan Estratégico de Subvenciones, el Gobierno insular se centra, por un lado, en financiar los proyectos y las actividades de estas entidades que fomenten la participación ciudadana, entre los que se contemplan la adquisición del equipamiento, el mobiliario y los equipos informáticos necesarios para llevar a cabo esas actuaciones. Y, asimismo, apoya el mantenimiento y el funcionamiento de las instalaciones y los servicios de sus sedes sociales, con el fin de garantizar su continuidad y su funcionamiento eficaz y efectivo, y, con ello, fortalecer genéricamente el asociacionismo.
Por eso, y de acuerdo con esas premisas, la convocatoria se ha estructurado en torno a dos modalidades. En concreto, a través de la Modalidad A, el Cabildo sufragará actividades de participación ciudadana que promuevan procesos destinados a abrir espacios de diálogo y acción sobre asuntos de interés colectivo y público, así como sobre los derechos políticos de participación colectiva, con el fin de mejorar la calidad de vida en los municipios de Gran Canaria y de incidir en los procesos de decisión y construcción de las políticas públicas municipales, insulares y regionales.
Dentro de esta misma modalidad, también serán objeto de financiación las iniciativas que, al mismo tiempo que fortalezcan el tejido asociativo, conduzcan a una canalización efectiva de la participación ciudadana en asuntos de interés público y/o que estén encaminados al fortalecimiento de la cultura democrática y participativa, tanto de las y los miembros de la entidad y beneficiarios de sus actividades como de aquellas personas a las que vaya dirigida expresamente la actuación.
Así, en este primer apartado se incluyen los proyectos cuyos objetivos específicos sean promover iniciativas y propuestas para asegurar y profundizar en los derechos políticos de participación colectiva en las decisiones públicas; proponer espacios y foros abiertos al debate, al intercambio de ideas y a la elaboración de programas, que contribuyan a la construcción de manera crítica de políticas y toma de decisiones públicas; realizar procesos participativos que abran espacios de diálogo y acción sobre asuntos de interés colectivo y que incidan en los procesos de decisión y construcción de las políticas públicas, de cara a mejorar la eficacia y eficiencia de las acciones de gobierno, y, además, fomentar la innovación social y ciudadana que impulse la cultura y la organización colaborativa para la participación de la ciudadanía.
Bajo esta misma tipología se atenderán, igualmente, acciones que procuren asesoramiento y formación a las y los ciudadanos y que fomenten su implicación activa en la toma de decisiones públicas; las que potencien el trabajo en red y la colaboración entre entidades asociativas y de estas con las instituciones; las que impulsen el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) como herramienta directa para la participación ciudadana e incidencia política, y las que propugnen la implicación activa de la sociedad civil en el proceso de localización y seguimiento de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible de Gran Canaria y Canarias.
De otra parte, y ya en el ámbito de la denominada Modalidad B, el Gobierno insular costeará los gastos corrientes y de inversión precisos para el mantenimiento y el funcionamiento de las sedes sociales de las entidades asociativas, en aras de fortalecerlas y favorecer que cumplan su objeto social.
Entre esos gastos, aparecen los de suministro de luz, agua, teléfono fijo, acceso a internet y su mantenimiento, el alquiler del local y otros corrientes generados por el uso y sostenimiento de la sede social. También se admitirán pequeños arreglos de pintura y/o reparaciones, así como inversiones para la adquisición de mobiliario, equipos informáticos y otro equipamiento, la instalación de conexiones para acceso a Internet, la creación de páginas web o cualquier otro que contenga elementos de dinamización asociativa.
Cada modalidad, con su asignación de fondos
La distribución de los 360.000 euros en ayudas también se ha diferenciado entre esas dos modalidades. De este modo, se ha consignado una cuantía total máxima de 235.000 euros para la Modalidad A, mientras que los 125.000 restantes son para la Modalidad B. No obstante, las bases de la convocatoria establecen la posibilidad de transferir la cantidad sobrante entre una y otra, en el caso de que, una vez evaluadas todas las solicitudes propuestas para ambas, resulte crédito disponible
De igual manera, se han fijado unos importes máximos por entidad beneficiaria. En detalle, los proyectos que se acojan a la Modalidad A optan a ayudas que no superen 11000 euros y, en el caso de la Modalidad B, el límite es de 2000 €.
Las entidades interesadas podrán presentar una única solicitud para cada modalidad, dispondrán de un plazo de 20 días naturales para hacerlo, a contar desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP) y deberán formalizarlas a través de la sede electrónica del Cabildo de Gran Canaria (https://sede.grancanaria.com) y, en su caso, de los restantes Registros Electrónicos habilitados (https://rec.redsara.es).
