La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado un auto por el que obliga al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana al pago inminente de una cantidad de 2.551.300,30 euros, dimanantes de una reclamación del grupo de empresas de Comercial Gordillo, por las pérdidas sufridas en las inundaciones del año 2001, en depósitos alimenticios ubicados en la urbanización Bellavista de Maspalomas. La cantidad que el organismo judicial apremia en su abono procede del cálculo de intereses en discusión por las reclamaciones de Comercial Gordillo y empresas asociadas sobre intereses más el IPC hasta el diciembre del año 2016.
La historia se remonta al comienzo del presente siglo. Las empresas Comercial Gordillo SL, Domingo Gordillo Cedrés, Explotur SL y Samare SL reclaman por la vía judicial el costo de la mercancía almacenada en un depósito de alimentación como consecuencia de las pérdidas sufridas por las lluvias de los años 2001, 2002 y 2003.
Esta denuncia tuvo un amplio recorrido judicial que incluso llegó al Tribunal Supremo. Las reclamaciones de los demandantes fueron estimadas de forma parcial y sólo en lo concerniente al año 2001, siendo rechazadas las dos de los dos años restantes. En ese trayecto judicial, se llegó hasta la alta instancia como consecuencia de las cuantiosas reclamaciones exigidas, pues aparte de los daños por el valor de la mercancía, el daño emergente, las empresas del Grupo Gordillo reclamaban 30 millones de euros por lucro cesante.
La reclamación por lucro cesante fue desestimada por las respectivas instancias judiciales (Tribunal Superior de Justicia de Canarias y Tribunal Supremo) y se consideró sólo la del daño emergente.
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, por sentencia del TS había abonado el principal de esta responsabilidad patrimonial entre los meses de febrero de 2016 y enero de 2017, por un total de 3.483.760,91, de los que 600.000 fueron reintegrados por la aseguradora Mapfre.
Esta nueva reclamación de intereses, más la actualización, es la que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha cifrado en 2.551.300,30 euros, y que deberá ser abonada dentro de plazo fijado por el auto pertinente. La asunción de este nuevo compromiso económico será presentada al Pleno corporativo en la sesión de mañana viernes.
